PLAYA DEL CARMEN, MX.- La empresa Calica, hoy denominada Sac Tun y filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, es objeto de una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, lo que podría derivar en una carga tributaria aproximada de 35 millones de dólares, incluidos 23 millones por intereses y multas.

Lo anterior fue informado por la propia compañía en su Reporte Anual 2025, en el que detalla su desempeño financiero del año anterior.

VISTA AÉREA DE LA MINA DE CALICA.

En el documento, la empresa también hace referencia al conflicto que mantiene con el gobierno mexicano, derivado de la clausura de sus operaciones en mayo de 2022, así como del decreto presidencial del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador que declaró la zona como área natural protegida bajo el nombre de Felipe Carrillo Puerto.

Respecto a la auditoría, la firma señala que en el cuarto trimestre de 2025 el SAT emitió una carta de observaciones correspondiente al ejercicio 2018, en la que, entre otros puntos, se argumenta que Calica no contaba con derechos para explotar la mina, por lo que se rechazó la deducción por costo de ventas.

La empresa sostiene que ha reconocido el beneficio fiscal total asociado a dicha deducción, al considerar que su postura tiene sustento técnico y legal. No obstante, advierte que, de no lograr sostener esta posición, podría enfrentar un impacto económico significativo.

“Si no logramos defender esta posición tributaria relacionada con la auditoría de 2018, podríamos incurrir en una salida de efectivo y un gasto tributario extraordinario de aproximadamente 35 millones de dólares, que incluye 23 millones en intereses y multas”, indica el informe.

En una nota adicional, la compañía recuerda que en mayo de 2022 autoridades mexicanas clausuraron sus operaciones de forma inesperada, lo que mantiene detenida su actividad en el país.

Asimismo, reporta que en 2025 Calica contaba con activos por impuestos diferidos por 37.3 millones de dólares, incluidos pérdidas operativas netas. De este monto, 3.9 millones corresponden a efectos por la apreciación del peso mexicano, mientras que 30.4 millones podrían recuperarse entre 2032 y 2035, en caso de ser utilizados.

En cuanto al arbitraje internacional que sostiene desde 2019 contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la empresa argumenta que el litigio deriva del trato recibido en sus operaciones de extracción de caliza, al considerar que hubo incumplimientos a acuerdos de zonificación y acciones arbitrarias por parte de autoridades ambientales, particularmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Vulcan Materials Company sostiene que dichas acciones violan compromisos internacionales asumidos por México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del derecho internacional, por lo que busca resolver la controversia mediante este mecanismo.

La compañía prevé que durante el primer semestre de 2026 el CIADI emita una resolución tanto sobre esta reclamación como sobre una adicional presentada tras la clausura de 2022.

Vulcan Materials Company opera 248 minas en Estados Unidos y tiene presencia en países como Canadá, Bahamas, Islas Vírgenes, Honduras y México, donde mantiene operaciones a través de Calica. A nivel global cuenta con más de 11 mil empleados, de los cuales alrededor de 280 laboran en esta filial. (Noticaribe)

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