CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación propia para determinar si la acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, cuenta con sustento legal.
La dependencia precisó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por autoridades estadounidenses no incluye, hasta el momento, elementos probatorios suficientes que respalden de manera contundente los señalamientos, relacionados con presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
En videoconferencia, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que, como en cualquier caso de cooperación internacional, se deberán cumplir todos los procedimientos y protocolos establecidos en la legislación mexicana.
Detalló que la FGR, a través del área especializada en asuntos internacionales, analizará la documentación recibida para determinar si existen datos de prueba que permitan sustentar la solicitud y evaluar su viabilidad jurídica.
De manera paralela, indicó, se abrirá una investigación en México para recabar información que permita establecer si hay elementos que acrediten la probable comisión de delitos por parte de los señalados.
Lara López subrayó que la legislación nacional establece que, para solicitar una orden de aprehensión, es indispensable contar con datos de prueba que permitan inferir la posible responsabilidad de una persona en un delito. Asimismo, recordó que los tratados de extradición señalan que solo se concederá este procedimiento cuando las pruebas sean suficientes conforme a las leyes del país requerido.
El funcionario también señaló que la solicitud estadounidense incluía la petición de mantener la confidencialidad de la información, por lo que su difusión pública podría afectar la naturaleza de los procedimientos penales en curso, conforme a estándares internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Finalmente, recordó que en el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores, es necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de avanzar en cualquier acción penal.
La FGR reiteró que actuará con apego a la ley, respetando la soberanía nacional, el debido proceso y los derechos de las personas involucradas, en tanto se determina la viabilidad de la solicitud internacional. (Agencias)
