CIUDAD DE MÉXICO.– Autoridades de Estados Unidos solicitaron al Gobierno de México la detención y eventual extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con reportes judiciales y diplomáticos, la petición forma parte del proceso iniciado tras la acusación formal presentada en territorio estadounidense, en la que se les vincula con operaciones de tráfico de drogas hacia ese país.
La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”.
La solicitud incluye la emisión de órdenes de captura con fines de extradición, lo que implicaría la intervención de autoridades federales mexicanas para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y, en su caso, ejecutar las detenciones.
El caso ha generado un nuevo frente de tensión bilateral, debido a que involucra a un funcionario en activo, lo que podría derivar en un proceso complejo tanto en el ámbito jurídico como en el político.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha confirmado si dará curso inmediato a la solicitud, mientras que tampoco se ha informado si existen investigaciones abiertas en México contra los señalados.
Especialistas advierten que, en casos de este tipo, el proceso de extradición suele prolongarse debido a la revisión judicial y a los posibles recursos legales que pueden interponer los acusados.
La petición de Estados Unidos se suma a una creciente presión sobre autoridades mexicanas en el combate al narcotráfico, especialmente en casos donde se presume la participación de actores políticos en redes criminales. (Agencias)
