Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— El colectivo Somos Periodistas presentó un informe sobre la situación de la libertad de expresión y los derechos laborales de periodistas en Yucatán, en el que documenta agresiones, precarización laboral, violencia de género y mecanismos legales que continúan siendo utilizados para criminalizar el ejercicio periodístico en la entidad.
El documento señala que la labor periodística en Yucatán enfrenta una crisis marcada por la violencia institucional, la inseguridad jurídica y condiciones laborales precarias. Entre los hallazgos, destaca que en 2022 la organización Artículo 19 ubicó al estado como el segundo lugar nacional en agresiones contra la prensa, con 50 ataques registrados.
Uno de los principales señalamientos del informe es la permanencia de los llamados “delitos contra el honor” en el Código Penal de Yucatán, figuras como la difamación y la calumnia que, de acuerdo con el colectivo, han sido utilizadas para censurar y judicializar el trabajo de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Somos Periodistas documentó al menos 16 casos de periodistas y medios de comunicación denunciados penalmente mediante estas figuras legales. Ante esta situación, el colectivo ha impulsado desde 2022 iniciativas ciudadanas para derogar estos delitos y homologar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
Además de los obstáculos legales, el informe expone una profunda precarización laboral dentro de los medios de comunicación. Entre las problemáticas identificadas se encuentran despidos injustificados, falta de prestaciones laborales, retrasos en el pago de salarios, jornadas excesivas, hostigamiento, acoso y violencia sexual.
El documento también alerta sobre una práctica recurrente de plagio de contenidos periodísticos. Según el colectivo, en los últimos meses se han registrado casos en los que medios locales y nacionales reprodujeron notas, fotografías y videos elaborados por periodistas independientes sin otorgar crédito ni remuneración.
En materia de seguridad, el informe sostiene que las agresiones contra periodistas continúan representando un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión. Entre los casos señalados se encuentra la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante la marcha del 8 de marzo de 2025, cuando mujeres periodistas resultaron afectadas por el uso de chorros de agua a presión y agentes químicos mientras realizaban coberturas informativas.
La situación es particularmente preocupante para las mujeres periodistas y de acuerdo con una encuesta realizada por Somos Periodistas en 2023, más del 53 por ciento de las trabajadoras de medios en Yucatán reportó haber sido víctima de algún delito durante el desempeño de su labor. El informe señala que los delitos sexuales figuran entre las agresiones más recurrentes y pueden provenir tanto de personas externas durante coberturas como de compañeros o superiores dentro de las propias redacciones.
Ante este panorama, el colectivo exige la eliminación de los delitos contra el honor del Código Penal estatal, el esclarecimiento y sanción de las agresiones contra periodistas, el cumplimiento de los derechos laborales en los medios de comunicación y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para garantizar condiciones seguras y dignas para ejercer el periodismo.
El informe forma parte de los documentos que organizaciones y colectivos de Yucatán han preparado para exponer ante organismos internacionales la situación que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la entidad. (Noticaribe)
