Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Después de siete años de batalla legal, las comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac obtuvieron una resolución definitiva que confirma la cancelación de dos megaproyectos solares que pretendían instalarse en su territorio sin garantizar sus derechos ni evaluar de manera integral los impactos ambientales.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que concluyó el acompañamiento jurídico a ambas comunidades con una sentencia favorable que ampara sus derechos al territorio, a un medio ambiente sano y a la participación en decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura.
Los proyectos fotovoltaicos Ticul A y Ticul B contemplaban la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, además del desmonte de 603 hectáreas de selva, con autorización para operar durante 40 años.
De acuerdo con el CEMDA, las evaluaciones ambientales fueron presentadas por separado, lo que fragmentó el análisis de los impactos acumulativos que tendrían ambos parques solares sobre el ecosistema y las comunidades.
Entre las afectaciones identificadas destacan la fragmentación de la selva, daños a especies de flora y fauna protegidas, afectaciones a la polinización realizada por abejas y murciélagos, alteraciones en la recarga del acuífero, mayores riesgos ante huracanes, incremento de la temperatura local, generación de residuos peligrosos y restricciones al acceso al territorio de las comunidades mayas.
La defensa legal comenzó en 2019, cuando habitantes de San José Tipcéh y Planchac promovieron un juicio de amparo para frenar ambos proyectos. Durante el proceso lograron impedir el inicio de las obras y, en 2023, un Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva de los permisos otorgados a las empresas responsables.
Posteriormente, en noviembre de 2025, el mismo órgano judicial emitió una sentencia definitiva que ordenó a la autoridad ambiental dejar sin efectos las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo que hacían posible la construcción y operación de los parques solares.
Como parte del cumplimiento de esa resolución, el pasado 14 de abril, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) notificó la cancelación formal de las autorizaciones ambientales de ambos megaproyectos.
El CEMDA destacó que la resolución representa una reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas a ser informadas, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia cuando proyectos de infraestructura puedan afectar su territorio, patrimonio natural y modo de vida.
La organización subrayó que el caso también sienta un precedente nacional al establecer que la transición energética y el desarrollo de proyectos de energías renovables deben realizarse con respeto a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando procesos de consulta y participación efectiva antes de autorizar obras de esta magnitud. (Noticaribe)
