CHETUMAL, MX.- Una jueza de control, de nombre Marbella Doporto Orozco, adscrita al municipio de Othón P. Blanco, fue denunciada pública y penalmente por presuntamente retrasar 17 veces una audiencia inicial por un caso de presunta violación ocurrido.
En entrevista telefónica, la víctima, quien se identificó como Clara Yesenia Castañeda, recordó que fue en 2024 cuando el sujeto, que entonces era pareja de su prima, la violó al final de una reunión familiar.
Sostuvo que, desde hace años, ha sufrido de constantes suspensiones de la audiencia inicial que han impedido que el proceso al menos avance a la etapa de formulación de imputación en contra de este sujeto.
De acuerdo con la denunciante, la carpeta de investigación en contra del victimario integra diversas pruebas periciales, como estudios de ADN, que sustentan la acusación y evidencian la cerrazón del órgano judicial para no darle continuidad al proceso.
La defensa sostiene que el Ministerio Público se mantiene paralizado sobre este caso, ya que formalmente no ha podido formular la imputación contra el señalado.
Además, afirma que los constantes diferimientos representan una forma de revictimización, pues obliga a la denunciante a enfrentar repetidas suspensiones sin que exista una resolución sobre el fondo del asunto.
Debido a esta situación, la víctima dijo que ya presentó una denuncia contra la jueza, a la cual acusa de bloquear su derecho de acceso a la justicia.
Indicó que el “bloqueo procesal” que enfrenta actualmente favorece la impunidad y pone en entredicho la labor de algunos juzgadores que operan en el nuevo sistema judicial.
Asimismo, la víctima solicitó que las autoridades competentes investiguen la actuación de la jueza y determinar si la juzgadora tiene alguna relación familiar con el acusado.
“Yo en lo personal no busco dinero. Estoy siendo segura y hay pruebas de que él fue. Tengo testigos, tengo llamadas. Yo busco justicia y que él pague, como debe de ser”, declaró la víctima.
Finalmente, también pidió que se garantice el derecho a una justicia pronta e imparcial, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en el sistema penal acusatorio mexicano.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un posicionamiento público sobre la denuncia presentada. (Agencia SIM)
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