Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Por considerar que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas habrían sido desmantelados y alterados durante las obras del Tren Maya en los tramos 6 y 7 para después ser utilizados en recrear nuevas edificaciones dentro del parque Balam Tun,-y en respuesta a los acuerdos tomados en la asamblea general de 27 de marzo pasado- integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron finalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director general Diego Prieto y otros 25 funcionarios de la dependencia y el gobierno federal por presuntos delitos contra el patrimonio arqueológico y cultural de la nación.
Los investigadores Jesús Evaristo Sánchez Sánchez y Jaime Garduño Argueta, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del sindicato, acompañados de los asesores jurídicos Raimundo Tamay Chuc y José Manuel Hermosillo, fueron los responsables de entregar más de 700 páginas, integrada por alrededor de 90 páginas de narración de hechos, 37 fotografías que documentarían los daños y 18 anexos documentales, además de inspecciones técnicas, publicaciones académicas y antecedentes de denuncias formuladas previamente por investigadores del propio INAH.
Sánchez Sánchez dijo que la denuncia es contra 26 servidores públicos del INAH que participaron en las distintas etapas del Proyecto de Salvamento Arqueológico y de la construcción del parque Balam Tun y que guardarán la identidad de los denunciados para no afectar el debido proceso y en espera de que la FGR haga las notificaciones formales a cada una de las personas señaladas en el expediente.
Sin embargo, señaló como principal responsable al exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández, a quien responsabilizó de haber estado presente durante todo el desarrollo del proyecto desde 2018.
De acuerdo con los querellantes, la denuncia es por la destrucción de monumentos arqueológicos, falsificación de monumentos arqueológicos e inmuebles -lo que calificó como un posible “fraude ideológico arqueológico”-, mala praxis de funcionarios, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades.
Los integrantes del sindicato subrayaron que la denuncia no busca cuestionar la construcción de infraestructura pública, sino determinar si durante la ejecución del Tren Maya y del parque Balam Tun se vulneraron las normas nacionales e internacionales de protección del patrimonio arqueológico y, en su caso, que se finquen las responsabilidades correspondientes.
Los investigadores señalaron que durante la construcción del Tren Maya el INAH reportó el hallazgo de 502 sitios arqueológicos y alrededor de 66 mil edificaciones o estructuras prehispánicas que, oficialmente, fueron objeto de trabajos de salvamento arqueológico.
Dijeron que hasta el momento se desconoce el destino de gran parte de esos vestigios y si algunos fueron utilizados de manera similar a lo ocurrido, presuntamente, en el parque Balam Tun. Advirtieron que, de confirmarse esa práctica, no podría hablarse de un rescate arqueológico sino de una alteración del patrimonio cultural.
Explicaron que la denuncia forma parte de una estrategia jurídica más amplia ya que preparan otras dos relacionadas con los parques de la Memoria de Xpujil y Escárcega donde presuntamente ocurrieron prácticas similares, así como otras acciones legales por posibles afectaciones al patrimonio arqueológico en las zonas de Cobá y Tulum. (Noticaribe)
