Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante un brote de tuberculosis al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal y la falta de atención de las autoridades penitenciarias y de seguridad ciudadana, familiares de personas privadas de su libertad exigieron la aplicación de medidas de sanidad e higiene urgentes, así como que se finquen cargos a los responsables por el delito de omisión.
A través de un escrito dirigido a la gobernadora, Mara Lezama, afirmaron que la omisión de las autoridades carcelarias y de seguridad ciudadana atentan de manera grave contra el derecho a la vida y a la salud de la población penitenciaria por el brote y propagación de tuberculosis.
Explicaron que, a pesar de los casos detectados, a las personas privadas de la libertad se les permite u obliga a compartir recipientes y utensilios para el consumo de alimentos de forma comunitaria, sin que haya ningún tipo de desinfección, esterilización o medidas mínimas de higiene previas a su reutilización, aun sabiendo que la enfermedad es altamente contagiosa.
Manifestaron que el comedor se ha convertido en un foco inmediato de infección por la existencia de personas con síntomas avanzados de la enfermedad sin que se les haya aislado o brindado el tratamiento correspondiente, poniendo en riesgo inminente a la totalidad de la población penal, al personal administrativo y de custodia.
Los familiares confirmaron que ya tiene conocimiento la encargada del Cereso, Jetzael Elena Martínez Cisneros, de los casos existentes de personas con tuberculosis y a quien se le ha pedido ordenar de manera inmediata el cese del uso general de recipientes sin desinfección adecuada, proveyendo utensilios individuales o implementando un protocolo estricto de esterilización química/térmica de grado hospitalario.
Además se le pide instruir al área médica para realizar un tamizaje urgente a toda la población afectada, aislar adecuadamente a los casos positivos y dotar de los esquemas de antibióticos necesarios para la tuberculosis y dar vista de esta situación a la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos para que actúe en el marco de sus atribuciones.
Los familiares responsabilizaron de negligencia a la autoridad en turno, a la dirección del centro penitenciario “por cualquier agravio, complicación médica, secuela permanente o deceso que pudiese ocurrir en perjuicio de las PPL a causa de esta negligencia sanitaria”.
La falta de acción inmediata ante un brote epidemiológico conocido constituye una omisión grave a los deberes de los servidores públicos, la cual puede actualizar responsabilidades de carácter administrativo, civil e incluso penal, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales vigentes. (Noticaribe)
