Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El ecosistema costero del puerto de Sisal, en el municipio de Hunucmá, enfrenta una seria amenaza debido a la persistente tala e invasión ilegal de sus dunas, una problemática que ha generado preocupación entre ambientalistas y autoridades. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que actualmente se han abierto tres procedimientos administrativos por este motivo y ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), misma que ha derivado en una carpeta de investigación para determinar el daño ambiental y deslindar responsabilidades.
El conflicto, que escaló desde febrero de este año, ha generado división entre los propios pobladores de Sisal. De acuerdo con testimonios, algunas personas habrían sido contratadas por empresas inmobiliarias para desmontar vegetación en áreas costeras, con la intención de lotificar los terrenos y venderlos bajo el argumento de que les pertenecen por ser habitantes originarios. Esta narrativa ha generado tensiones dentro de la comunidad, donde sectores denuncian la pérdida de patrimonio natural y la privatización de bienes nacionales.
Según información oficial, la afectación se concentra en tres predios colindantes con la costa, considerados como terrenos ganados al mar, con superficies de 10,400, 12,600 y 14,784 metros cuadrados, respectivamente. Estos espacios, además de ser áreas sensibles desde el punto de vista ecológico, cumplen una función clave en la protección frente a fenómenos naturales como tormentas o marejadas.
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— Noticaribe (@Noticaribe) May 15, 2025
La Semarnat reiteró que los terrenos ganados al mar pertenecen a la nación y, por lo tanto, no pueden ser ocupados, vendidos o utilizados con fines comerciales o habitacionales sin contar con una concesión legalmente otorgada. Aunque la dependencia sí tiene la facultad para conceder permisos de uso, cualquier obra o intervención debe realizarse dentro del marco legal, previa autorización, y siempre bajo la figura del dominio público.
Por ahora, las autoridades federales han hecho un llamado a detener cualquier actividad en la zona que no cuente con permisos oficiales. Se espera que en las próximas semanas la FGR avance en las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que organizaciones civiles urgen a que se tomen medidas más firmes para frenar la urbanización irregular en esta zona de alto valor ambiental y turístico. (Noticaribe)
