Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientales, ejidos y comunidades mayas de la Península de Yucatán advirtieron sobre un posible retroceso en materia de justicia ambiental ante un proyecto de resolución judicial que podría impedir que pueblos indígenas y núcleos agrarios impugnen proyectos potencialmente contaminantes si no logran demostrar previamente daños ambientales.
La preocupación surge por el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 47/2025, que analiza el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Yucatán, relacionado con las autorizaciones otorgadas al proyecto avícola Akutzá de la empresa Bachoco, ubicado en el municipio de Peto, cerca de la frontera con Quintana Roo.
De acuerdo con las organizaciones, el proyecto plantea desechar un juicio promovido desde 2023 por comunidades y ejidos quintanarroenses acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), bajo el argumento de que no acreditaron un interés legítimo para impugnar las autorizaciones ambientales y de construcción de la granja.
Según el documento, las comunidades no habrían presentado elementos suficientes para demostrar afectaciones ambientales derivadas del proyecto, particularmente en relación con posibles impactos al agua subterránea y a la Laguna de Chichankanab, sitio reconocido internacionalmente como humedal de importancia Ramsar.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que las comunidades sí acreditaron su vínculo con el territorio al tratarse de integrantes de ejidos y pueblos indígenas que dependen del ecosistema para actividades agrícolas, abastecimiento de agua y usos cotidianos.
Advirtieron que, de confirmarse este criterio, el caso quedaría cerrado sin que un tribunal analice el fondo del asunto, es decir, sin determinar si la granja podría generar impactos ambientales adversos o irreversibles en una región considerada altamente vulnerable por las características kársticas del acuífero peninsular.
Contradicción con criterios recientes de la Suprema Corte
Las organizaciones señalaron que el proyecto judicial se aparta de precedentes recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recordaron que en mayo pasado, al resolver el Amparo en Revisión 451/2025 relacionado con la Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán, la Corte reconoció que las comunidades mayas cuentan con interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan proteger su territorio, el medio ambiente y sus derechos colectivos.
En aquella resolución, la Suprema Corte determinó que los planteamientos de las comunidades debían ser analizados de fondo y que el acceso a la justicia ambiental debe interpretarse de manera amplia cuando están involucrados pueblos indígenas.
Las organizaciones también argumentaron que el proyecto de sentencia desconoce principios contenidos en el Acuerdo de Escazú y en la legislación ambiental mexicana, que establecen que ante riesgos ambientales corresponde a las autoridades y a las empresas demostrar que no existe peligro de daño, y no a las comunidades probar afectaciones consumadas para acceder a los tribunales.
Un caso que podría sentar precedente
El conflicto ocurre en un contexto de expansión de la industria avícola y porcícola en la Península de Yucatán, región donde especialistas han advertido sobre la vulnerabilidad del acuífero debido a la rápida infiltración de contaminantes hacia cenotes, ríos subterráneos y mantos freáticos.
De acuerdo con datos citados por ProDESC, el proyecto Akutzá contempla una granja de producción de huevo incubable sobre una superficie cercana a las 300 hectáreas en el municipio de Peto.
Las organizaciones señalaron que la decisión que adopte el Tribunal Colegiado podría tener repercusiones más allá de este caso específico, ya que definirá si las comunidades pueden acudir a la justicia para prevenir daños ambientales o si deberán esperar a que éstos ocurran para que sus derechos sean reconocidos.
“Hace apenas unas semanas la Suprema Corte reconoció que las comunidades mayas tienen interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan defender sus territorios frente a los impactos de la industria porcícola. Sería profundamente contradictorio que ahora se validara un criterio que exige a las comunidades demostrar daños casi imposibles de acreditar antes siquiera de que un juez analice el fondo del asunto”, señaló Guillermo Torres Domínguez, coordinador legal de ProDESC.
Ante este escenario, las organizaciones hicieron un llamado a los magistrados para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental, aplicar los principios de prevención y precaución, recabar pruebas de oficio cuando intervienen pueblos indígenas y reconocer el interés legítimo de las comunidades que promovieron el juicio.
Entre las agrupaciones firmantes se encuentran ProDESC, Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Kanan Derechos Humanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal y diversas organizaciones integrantes del Espacio OSC. (Noticaribe)
