CHETUMAL, MX.- Once mil millones de dólares se encuentran parados en el país por las restricciones ambientales de la Ley General de Vida Silvestre, dio a conocer el diputado federal Eduardo Espinosa Abuxapqui, al momento de considerar que la próxima legislatura federal tiene la tarea de buscar alternativas para no frenar la inversión cuidando al mismo tiempo el medio ambiente.
“Es un tema que depende exclusivamente del legislativo, los siguientes legisladores tendrán que revisar a fondo este tema de la Ley General de Vida Silvestre, pues prácticamente paraliza a todo el país”.
El diputado federal, recordó que la saliente legislatura impulsó una iniciativa de modificar el artículo 40 de esta ley, buscando esquemas de un desarrollo sustentable que también genere beneficio económico y social de la región, sin descuidar los recursos naturales, sin embargo, la falta de consenso evitó que se realizarán las modificaciones.
“Hay que poner en la balanza la falta de empleo, la crisis económica que ha golpeado a todos los sectores y que tenemos 11 mil millones de dólares parados por las restricciones ambientales”.
Espinosa Abuxapqui dijo que tales restricciones no sólo afectan a la inversión turística, sino también la portuaria y de vías de comunicación.
Reconoció que es un tema polémico, por ello, será importante que el Poder Legislativo logre el consenso de las fracciones parlamentarias para tomar una alternativa que genere desarrollo, empleos y cuidado del medio ambiente.
El entrevistado mencionó que, aunque a los ecologistas les parezca, es necesario buscar un desarrollo sustentable, porque hay gente que necesita comer, que necesita un bienestar par su familia.
Eduardo Espinosa comentó que el problema de las restricciones ambientales para el desarrollo se ha resuelto en otros países con esquemas de recuperación del mangle, es decir que en proyectos donde se lesiona una hectárea de mangle se reforestan 10 hectáreas.
En este sentido, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las prohibiciones que se establecieron desde febrero de 2007 para evitar que se dañen las zonas de manglares en México.
En otras palabras, el máximo tribunal del país respaldó la reciente reforma mediante la cual se prohibió “la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar”, por considerar que este tipo de medidas están justificadas en virtud del bien jurídico que tutelan, que es la preservación del equilibrio ecológico. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
