MÉXICO.- Las obras públicas en Quintana Roo siguen dando de qué hablar. La ampliación de la cárcel estatal de Cancún es construida por una empresa encabezada por Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, actual líder del cártel de Juárez, y hermano de Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, ligados a delitos como lavado de dinero, extorsión, secuestro y homicidio.
CANCÚN, MX.- El ex secretario de Infraestructura y Transporte, Gabriel Mendicuti Loría (hoy titular de Sedari), aseguró que no fue Sintra quien efectuó la licitación para la construcción de la cárcel de Cancún, cuya obra fue adjudicada a la empresa inmobiliaria Safie de Quintana Roo, propiedad de Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuente, jefe del cártel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva, ya que “nosotros como Sintra no tuvimos nada que ver en el proceso, todo lo hizo el Fondo de Seguridad (Foseg) -por medio de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública– y en cuando ellos acordaron con la empresa, sólo nos presentaron el documento que como gobierno del estado teníamos que avalar para el inicio de la obra”.
En entrevista telefónica con Por Esto! de Quintana Roo, luego de que se diera a conocer en la edición de este domingo a través de un reportaje de la Agencia Proceso (Apro), donde se indica que la obra de ampliación de la cárcel de Cancún fue adjudicada al sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, de nombre Luis Carlos Carrillo Cano, originario de Chihuahua, pero que tiene su residencia en este polo turístico, además de que se señala número de contrato (CEE-OP-060/09) y la fecha en que fue firmada precisamente por Mendicuti Loría, cuando fungía como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) el 11 de agosto de 2009, el hoy secretario de Agricultura Rural e Indígena (Sedari) afirmó que “desconozco por completo esa situación, porque en el tema de todo lo que son cárceles y donde es tema de seguridad, es el Fondo de Seguridad (Foseg) el que determina a quien se le da, ellos hacen su licitación precisamente por cuestiones de esa índole, el proceso se cierra bastante y no se abre como en otros casos”.
Y añadió que “en este caso, el Fondo de Seguridad -que encabeza en ela entidad la propia Secretaría Estatal de Seguridad Pública, a cargo en ese entonces de Salvador Rocha Vargas-, fue el que determinó a quién se le entregaba y nosotros nada más procedimos a la firma del contrato, ese fue el proceso”.
De esta forma, destacó que Sintra, en ningún momento tuvo acceso a revisar o conocer qué empresas participaron en la licitación, ya que insistió que “cuando se trata de cuestiones de seguridad como es el caso de la ampliación de una cárcel, es el propio Fondo de Seguridad quien hace su licitación, Sintra no procede como en otro tipo de obras estatales”.
Con ello, aclaró que “lo único que el Fondo de Seguridad nos pasó, es el contrato para firmarlo porque ellos ya lo habían elegido y en base a ello es como firmé, como parte de un requisito, al ser titular de Sintra”.
Supuso que para un proceso de licitación de obra, el Foseg debió haber checado, analizado e investigado a las empresas que iban a participar, pues además para ese tipo de construcciones se trata de recursos federales.
En una plca colocada en la caseta de seguridad de la obra de la ampliación de la cárcel, se informa que la construcción es efectuada por el sindicato de la Fesoc y que el responsable es el C. Tique B. Miceli, sin más detalles del proyecto, el cual de acuerdo a lo ya publicado, ahí se edifican 250 nuevos “espacios” para resolver el hacinamiento en que viven actualmente los reclusos.
El reporte de la agencia Apro afirma que el “empresario” Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, se dedica a la lavar dinero de los Beltrán Leyva y que una de las formas, es precisamente por medio de su empresa inmobiliaria Safie de Quintana Roo.
Además, se añade para que esta obra, dicha empresa recibirá 9 millones 876 mil pesos del Fondo de Seguridad, en un proceso de licitación que estuvo marcado por supuestas irregularidades debido a que hubieron empresas locales como Constructora y Controladora del Sureste, Margadín Caribe y Edificación y Señalización del Suresteque en un principio encabezaban la lista, pero de última hora no fueron tomadas en cuenta.
El ayuntamiento “se deslinda totalmente” del contrato de ampliación de la cárcel otorgado al sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes porque el inmueble ya estaba bajo control de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, indicó ayer Ricardo Velazco Rodríguez, regidor por el PRD; por su parte Humberto de Yta López, regidor por el PRD y vocal de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez, dijo desconocer el tema pero también afirmó que el ayuntamiento ya no tiene nada que ver con la ahora ex cárcel municipal.
En entrevista el regidor Ricardo Velazco destacó que el ayuntamiento Benito Juárez no tuvo nada que ver en la asignación de la obra de ampliación de la cárcel de Cancún y por tanto la comuna “se deslinda totalmente”.
Recordó que primero se entregó la administración y control del presidio al gobierno del estado a través de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) que en ese entonces encabezaba Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit.
El concejal perredista comentó que la adjudicación de la obra fue responsabilidad total de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
Recordó que hasta el 31 de diciembre lo único que continuaba en manos del ayuntamiento era el pago de la nómina de los custodios, pero sin ingerencia en la administración y operación de dicha cárcel.
En entrevista aparte Humberto de Yta López, regidor por el PRD y vocal de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, afirmó desconocer la adjudicación de la ampliación de la cárcel al sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
También destacó que la operación de la cárcel de Cancún ya no está en manos del ayuntamiento desde casi mediados del año pasado y por tanto “todo corre a cuenta del estado”.
En la edición de ayer, este rotativo publicó en la página seis de la sección “La República” una nota de la Agencia Proceso (APRO) en donde se informa que Salvador Rocha Vargas, en ese entonces secretario estatal de Seguridad Pública, adjudicó a Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del jefe del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, la ampliación de 250 nuevas celdas a través de la empresa Safie de Quintana Roo.
Como se recordará, Rocha Vargas se encuentra actualmente preso en Nayarit y sujeto a proceso penal acusado de proteger actividades del extinto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
La adjudicación de la obra se realizó tras una invitación que hizo el secretario de Infraestructura y Transporte del estado, José Gabriel Mendicuti Loria, principal colaborador del gobernador Félix González Canto, a la empresa SAFIE de Quintana Roo SA de CV que encabeza Carrillo Cano.
Luis Carlos Carrillo Cano es un empresario de bajo perfil en Cancún, se ostenta como comerciante originario de Chihuahua y tiene 47 propiedades registradas en el ayuntamiento de esta ciudad.
En tanto, sus hermanos Ricardo y Alfredo –según el FBI– están ligados a Luis Fernando Blancas, El Gordo, encargado de introducir droga a Estados Unidos hasta ser detenido en enero de 2001.
Documentos en poder de MILENIO revelan que el 13 de julio de 2009 fue lanzada la convocatoria pública 009, licitación 52010001-013-09, para construir un anexo penitenciario con capacidad para 252 reclusos, barda perimetral, rondín interior y exterior.
Las empresas que reunieron los requisitos para participar fueron Constructora y Controladora del Sureste, Margadin Caribe, Edificación y Señalización del Sureste, AMDA Construcciones y Urbanizadora Continental. En tanto, fueron descalificadas por no presentar propuesta ni asistir al acto de apertura Servicios y Materiales Constructivos, Layla Exsome López e Ingenieros Civiles Asociados.
La Ley de Obras Públicas de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial del estado en noviembre de 1998, refiere que las obras licitadas serán adjudicadas a la empresa que reúna condiciones legales, técnicas y económicas óptimas. En caso de que la primera opción desista, la autoridad recurrirá a las dos siguientes.
De acuerdo con los resultados de la convocatoria que lanzó la Secretaría de Infraestructura y Transporte estatal, la empresa Urbanizadora Continental SA de CV, que representa y administra Carrillo Cano, quedó en quinto lugar, lo que imposibilitaba al gobierno a concederle la adjudicación de la obra.
Sin embargo, luego de declarar desierta la convocatoria, el 3 de agosto del mismo año, Mendicuti Loria hizo una invitación a SAFEI de Quintana Roo SA de CV, administrada también por Carrillo Cano, para que se inscribiera en la licitación de obra pública 034/09 (convocatoria SINTRA-OP-CEE/09-17-I).
La empresa dirigida por los familiares del extinto Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, firmó el contrato CEE-OP-060/09 el 11 de agosto de 2009, es decir, una semana después de la invitación que hizo el gobierno estatal y 24 horas luego de declararse abierta la licitación.
Coincidencias extrañas
Urbanizadora Continental SA de CV y SAFIE de Quintana Roo SA de CV fueron registradas con la misma dirección fiscal en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), dependiente de la Secretaría de Economía.
Ambas documentaron que sus oficinas están en Avenida de las Torres, manzana 41, lote 1, planta alta, supermanzana 526, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Esto mismo se confirma en el directorio comercial de Cancún y páginas de internet donde anuncian sus servicios.
La primera informa que inició operaciones el 1 de enero de 2003 y se dedica a la edificación de viviendas unifamiliares. El registro en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción también reconoce su actividad en el ramo.
En tanto, SAFIE de Quintana Roo SA de CV también se dedica al mismo ramo. Fue inscrita en el SIEM el 6 de febrero de 2009, pero pagó su afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el 3 de agosto de 2009, es decir, el mismo día que el gobierno estatal la invitó a participar en la ampliación del penal de Cancún. El requisito era indispensable para quedarse con la obra de ampliación.
No obstante, en el documento que les fue entregado a la hora de realizar este último trámite los representantes de la empresa dieron una dirección distinta: avenida Chichén Itzá 335, manzana 6, lote 17, planta alta, local A, supermanzana 62, Cancún, Quintana Roo.
Una obra necesaria
Las condiciones de operación en la cárcel de Cancún son de alto riesgo, pues actualmente tiene una población de mil 200 internos, cuando su capacidad es para 400.
La crisis que orilló al gobierno de Quintana Roo a ampliarla fue el motín encabezado por Los Zetas en marzo de 2009, tras la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñones. Desde entonces han sido trasladados a prisiones federales al menos 350 reclusos relacionados con el crimen organizado.
Hasta el año pasado había en esa cárcel 369 personas acusadas de delitos federales vinculados con los cárteles del Golfo y Juárez, este último liderado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
La obra que el gobierno de Félix González Canto dio al sobrino de Carrillo Fuentes es apenas una mínima parte de la infraestructura penitenciaria que necesita el estado. Desde la administración de Joaquín Hendricks se tiene un proyecto ejecutivo para construir un Centro de Readaptación Social de alta seguridad en Leona Vicario.
Sin embargo, la SSP Federal rechazó apoyar la obra, cuyo costo es de 600 millones de pesos, lo mismo que dos empresas de Estados Unidos.
“Es sólo la ampliación de espacios en un penal que se fue adaptando a las necesidades de su demanda desde hace cinco años, cuando su población se incrementó, traspasando el crecimiento de cárceles como la de Chetumal”, explicaron autoridades estatales.
Fue entonces que el actual gobernador comisionó a Mendicuti Loria y a Salvador Rocha Vargas, entonces secretario de Seguridad Pública estatal, para coordinar los trabajos de ampliación de la cárcel de Cancún. Ambos firmaron los planos de la obra.
Rocha Vargas está preso desde 2009 en Nayarit por presuntas ligas con el hampa y de brindar protección a las células de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
El contrato firmado con SAFIE señala que el desembolso total era de 9 millones 876 mil 449 pesos.
Los trabajos comenzaron el 17 de agosto de 2009 y terminarían el 31 de diciembre pasado, pero hasta la fecha señalada se llevaba un avance de 40 por ciento, mientras el gobierno estatal ya entregó dos anticipos por 2.6 millones de pesos. (Fuente: Milenio)
no hay nada que no se pueda hechar pa trass,,, esto es bien claro,,, y el proximo gobernador tiene un gran pero gran compromiso con la ciudadania, basta ya de trafico de influenciass,, basta ya de aviadores…
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