CANCÚN, MX.- Días después de que presuntos miembros de la familia Carrillo Fuentes obtuvieron mediante adjudicación directa las obras de ampliación de la cárcel de Cancún, se les autorizó un sobreprecio que aumentó el costo proyectado de casi 9.9 a más de 10.9 millones de pesos.
Documentos oficiales muestran que luego del otorgamiento del contrato a la empresa Safie, propiedad del Luis Carlos Carrillo Cano, se validó la ampliación presupuestal que elevó en más de un millón de pesos el costo de la obra, pese a que en una licitación previa hubo cotizaciones que ofrecían un ahorro de dos millones en la construcción de 252 celdas y la barda perimetral del centro carcelario.
El costo extra se aprobó mediante el convenio de modificación de contrato 01-CEE-OP-060/09-09, firmado el 24 de agosto de 2009, casi dos semanas después de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (Sintra) adjudicara a Safie la obra.
Pese a este sobreprecio de dos millones de pesos y las irregularidades detectadas en la adjudicación directa, la Sintra determinó que procedía pagar un millón 23 mil 550 pesos más, porque “se modificaron los volúmenes, se eliminaron conceptos contratados y se agregaron otros no considerados inicialmente”.
El entonces titular de la Sintra, Gabriel Mendicuti, declaró desierta la licitación en que otras empresas ofrecieron cotizaciones hasta de 7.9 millones de pesos, y dirigió una “invitación directa” a Safie, empresa recomendada por el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha Vargas, hoy preso por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Safie cotizó la ampliación de la cárcel en 9.9 millones de pesos, el mismo precio que ofreció una constructora filial que participó en la fallida licitación. El dueño de ambas es Luis Carlos Carrillo Cano, cuyos hermanos Ricardo y Alfredo figuran en un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) como presuntos implicados en el crimen organizado y sobrinos de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez.
Empero, el empresario niega cualquier vínculo con las familias Carrillo Fuentes y Beltrán Leyva, y aunque la Contraloría estatal investiga el caso no ha presentado informe alguno.
La pesquisa fue anunciada el 11 de enero por el gobernador Félix González Canto, quien dijo que se indagarían “presuntas anomalías administrativas, no la procedencia de los fondos de los empresarios”, pero advirtió que los funcionarios revisores de las licitaciones de obra pública “no tienen manera de conocer quiénes son los propietarios” de las empresas competidoras porque son sociedades anónimas, pero se investigaría si Safie está boletinada. (Fuente: La Jornada)
