PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada, y el procurador del estado, Francisco Alor Quezada, confirmaron que la Procuraduría General de la República (PGR) en días pasados interpuso una controversia constitucional contra Quintana Roo y en particular contra el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, por haber detenido la aplicación del procesamiento de los casos de narcomenudeo hasta agosto de 2012. Ante ello, la magistrada afirmó que se defenderá Quintana Roo contra esta demanda.
“El tema del narcomenudeo se debe a una reforma federal, misma que se aplica a la Ley de Salud y el transitorio primero tiene tres párrafos: el primero señala la vigencia de la ley -que fue en el 2009- y el segundo le da una “vacatio legis” de un año a las legislaturas de las entidades federativas para legislar, y Quintana Roo en agosto de 2010 cumplió legislando y, el tercer párrafo es donde a la administración y procuración de justicia le da una “vacatio legis” de tres años -que sería en agosto de 2012- para que se prepare con la infraestructura y capacitación”.
Abundó que se requieren bajar recursos para poder preparar estas condiciones, y tan sólo el Poder Judicial del Estado requiere de por lo menos110 millones de pesos que vayan fluyendo gradualmente para afrontar primeramente la capacitación y posteriormente enfrenta la infraestructura que se requiere para este reto en el caso del narcomenudeo “para estar preparados en agosto del 2012”, dijo.
Sin embargo, la magistrada confirmó que en días pasados la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad “porque en Quintana Roo no entramos al tema del narcomenudeo en agosto del 2010”, al tiempo que aseveró que lo que procede es la defensa de la entidad contra este recurso federal, que hasta el momento sólo se ha procedido contra Quintana Roo, aunque la magistrada no descarta la posibilidad de que también se dé en otras entidades del país.
Sobre este mismo caso, el procurador Francisco Alor Quezada dijo que la PGR actuó contra el Congreso local, ya que éste no resuelve conforme lo establecen los criterios constitucionales, lo que calificó de error.
Aseguró que como primer abogado del estado respalda la decisión del Congreso del Estado porque no viola la disposición, ya que en agosto de 2010 realizó las reformas correspondientes, pero ante la situación económica que priva en la entidad, dispone que en tanto no se cuenten con los recursos, se aplicará esta reforma a partir de agosto de 2012. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
