MERIDA, MX.- Los cinco socios que en forma ilegal tomaron el control de la administración de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Coco Beach (que opera el hotel Coco Bay), fueron encontrados socialmente responsables del delito de fraude específico y condenados a 7 años y 6 meses de prisión, todos y cada uno de ellos y al pago de una multa de 350 días multa.
El juez Séptimo Penal, Lic. Jorge Andrés Vázquez Juan, resolvió ayer dictar sentencia condenatoria en contra de Mario Alberto Pasos Moguel, Jorge Arturo Contreras Castillo, Badi Burad Domínguez, Enrique Puga Sansores y Norma Lorena Moreno Pedroza.
Apenas la semana próxima pasada se desarrolló en el Juzgado Séptimo, la diligencia de Vista Pública en la cual se declaró visto el proceso penal en contra de los indiciados, que no asistieron a la misma, sólo estuvieron sus abogados encabezados por Rubén Bolio Pastrana.
Ayer por la mañana se dictó sentencia en contra de los defraudadores y el actuario Rafael Dzul Tec, le notificó al denunciante Jorge Carlos Montalvo Ferráez y a su abogado Wilberth Cetina Arjona de la sentencia pronunciada por el juez, comentando que triunfó la legalidad, se hizo justicia.
El propio actuario notificó más tarde a los abogados de los indiciados, quienes se encuentran libres bajo fianza, tras haber depositado en su momento garantías individuales por un monto superior a los 8 millones de pesos y multas equivalentes a los 350 días de salario.
En los puntos resolutivos el juez Vázquez Juan, destacó que Pasos Moguel, Contreras Castillo, Burad Domínguez, Puga Sansores y Moreno Pedroza, son penalmente responsables de fraude específico, denunciado por Jorge Carlos Montalvo Ferráez, en su carácter de apoderado general, comprendiendo pleitos y cobranzas de toda clase de asuntos judiciales, de la empresa denominada Muebles e Inmuebles Corporativos y quien fungía como presidente de la Inmobiliaria Coco Beach, hasta antes de celebrarse la ilícita asamblea.
Por esa responsabilidad se les impone a los ahora sentenciados la sanción total de 7 años y 6 meses de sanción privativa de la libertad y 350 días-multa.
La multa que deberá cubrir Pasos Moguel, asciende a los 466 mil 665 pesos, tomando en cuenta que en su declaración preparatoria dijo devengar un salario de 40 mil pesos mensuales.
Contreras Castillo, quien dijo ganar 100 mil pesos mensuales, deberá pagar una multa de un millón 166 mil pesos, Badi Burad, con 291 mil 665 pesos, Moreno Pedroza y Puga Sansores, 175 mil pesos; en caso de negarse al pago y jornadas de trabajo a favor de la comunidad, podrá substituirse por 700 días más de reclusión.
También se condena a los individuos al pago de la reparación del daño, cuyo monto conforme a lo razonado, deberá cubrirse en ejecución de sentencia, pero se estima que son varios millones de pesos.
El denunciante, en breve entrevista en los pasillos de los Juzgados, comentó que la justicia prevaleció, la verdad salió a relucir una vez más, ellos, refiriéndose a los ahora sentenciados, cometieron una ilegalidad el 14 de junio del 2005 al realizar una asamblea ficticia para tomar el control de la sociedad Inmobiliaria Coco Beach, dueña de un hotel de cinco estrellas con más de 200 habitaciones en Playa del Carmen, y dejar sin participación accionaria a otros socios, entre ellos él.
Durante largos años de lucha legal, se logró llegar al esclarecimiento de los hechos y el juez encontró culpables de fraude específico a Pasos Moguel y coacusados.
Triunfó la ley, el derecho en beneficio de los empresarios comprometidos con la inversión y generación de empleos, se demostró con documentos y otras pruebas contundentes, que los ahora sentenciados, cometieron un delito reclamado por la sociedad y ahora tendrán que pagar las consecuencias.
Ellos simularon una asamblea con un capital menor al que la sociedad tiene de más de 54 millones de pesos, para despojar a otros miembros de la sociedad de sus acciones.
Los delincuentes de cuello blanco, podrán recurrir a la apelación para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán analice en segunda instancia la sentencia y luego a las instancias federales, ya que al causar ejecutoria la sentencia, serán considerados prófugos de la justicia y detenidos por las autoridades, cabe destacar que a todos ellos se les negó los beneficios de ley. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
