CANCÚN, MX.- Familiares de Héctor Cacique, a quien con el apodo de ‘El Diablo’ fue implicado en la ejecución de 7 personas en el bar ‘La Sirenita’ el 13 de marzo del 2013, acusaron a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo no sólo de montaje y tortura, sino también de irregularidades en el proceso penal para mantenerlo en prisión a toda costa, a pesar de que el lunes pasado salió de prisión al ganar un amparo, aunque su libertad no duró mucho porque afuera del penal fue reaprehendido y acusado del mismo delito del cual lo estaban exhonerando.
En rueda de prensa en Cancún, Ana Laura Cortés, abogada y hermana de Cacique, informó que la defensa solicitó la ampliación del término legal para que el juez cuarto de distrito determine si procede o no un nuevo auto de formal prisión por la múltiple ejecución en la que, aseguran, no está involucrado.
Acompañada de Yazz Fernández y Zafiro, madre y hermanita del llamado ‘Diablo’, aseguró que Héctor Cacique, el día de su detención el 17 de marzo del 2013, fue torturado, incluso por el propio secretario de Seguridad Pública, Arturo Olivares Mendiola, cuando en ese entonces fungía como director de la Policía Judicial del Estado.
Reveló que por esta razón aún está abierta una denuncia penal contra 36 elementos de la Policía Judicial y del Ministerio Público, ya que fue golpeado y torturado para incriminarse en la balacera en la que, entre otros, murió el subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Además, apuntaron que la Procuraduría General de Justicia del estado está en desacato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ordenó el año pasado aplicar el Protocolo de Estambul a favor de Cacique a efecto de que esta dependencia integre y confirme el expediente de tortura en su contra.
La madre presentó fotos y diplomas en los que establece que Cacique fue instructor y coordinador del Instituto de Formación de Seguridad Pública del 2005 al 2008, además de establecer relaciones con mandos de la Procuraduría General de Justicia como es el caso del ex subprocurador general Juan Ignacio Hernández Mora, hoy director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
Además, como dato relevante, expuso que el último curso que dio Héctor Cacique a elementos de la Policía Judicial fue en enero del 2013, dos meses antes de que lo detuvieran y acusaran de la ejecución múltiple en ‘La Sirenita’ como supuesto miembro del Cártel del Golfo.
Durante la conferencia, se volvió a destacar la denuncia previa acerca de que Arturo Olivares Mendiola, como director de la Policía Judicial, le ofreció a Cacique una plaza a cambio de 150 mil pesos y que es parte del conflicto entre estos dos personajes porque aunque ‘El Diablo’ aceptó y le entregó parte de ese dinero, el mando policiaco lo traicionó y no le devolvió lo que le había pagado.
Ana Laura Cortés dio a conocer que como parte de las nuevas pruebas que presentaron están declaraciones de Roger Alfaro, alías ‘El Humo’ y Víctor Rea, ‘El Liro’, señalados por estar directamente implicados en la ejecución de las siete personas del bar ‘La Sirenita’, en donde estos admiten que nunca vieron a Cacique durante la planeación del ataque y que sólo escucharon “de oídas” que iba a participar en el homicidio.
Sin embargo, denunció que cuando el juez segundo de distrito solicitó la presentación de estas pruebas como parte del amparo que tramitaba Héctor Cacique, la Procuraduría las ocultó del expediente, lo que es una grave irregularidad.
Los familiares de Cacique informaron que en estos momentos, ‘El Diablo’ permanece aislado en la cárcel municipal de Cancún para garantizar su protección, ya que se teme por su integridad, ya que supuestamente le pusieron precio a su cabeza y, durante el último año que permaneció en prisión fue objeto de al menos un atentado. (Noticaribe)