CHETUMAL, MX.- Líderes empresariales de esta ciudad consideraron que la propuesta de Ley de Ordenamiento Cívico debe enfocarse exclusivamente a castigar aquellas protestas violentas o que causen perjuicios sociales de grandes magnitudes, ya que señalaron que en su afán por garantizar el orden público, la propuesta actualmente, tal y como está pensada, atenta contra derechos y garantías constitucionales, además de que contiene varios puntos muy subjetivos que en determinado momento podrían ser usados para prohibir o disolver todo tipo de manifestación pacífica.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Manuel Alcocer Domínguez; así como el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, Julio Durán Sánchez, mencionaron que cualquier Ley enfocada a las manifestaciones públicas debe ir orientada en buscar el acercamiento y el diálogo y no la restricción o prohibición, con el objetivo de dar solución anticipada a las problemáticas sociales, antes de que estas inconformidades desemboquen en protesta.
El presidente de la Canacintra en Chetumal, Manuel Alcocer Domínguez, sostuvo que el sector empresarial entiende a las autoridades de Gobierno por garantizar la estabilidad social, pero dijo que el crear una normativa que prohíba o restrinja las formas de manifestación civil y pacífica no es la opción adecuada, ya que esto es la última alternativa que tiene el pueblo para ser escuchado, cuando los demás intentos por dar solución al problema fallan.
“Nosotros como empresarios sabemos lo que es ser no escuchado, recordemos que cuando estuvo el tema de la reforma fiscal, el sector empresarial quintanarroense intentó el diálogo e insistió a sus gobiernos respecto a todos los problemas que la reforma traería, y sin embargo no nos tomaron en cuenta; entonces cuando no existe un verdadero diálogo entre gobierno y pueblo, cuando el ciudadano no es escuchado en este tipo de decisiones, es cuando se dan las manifestaciones, porque a final de cuentas se ha acostumbrado al mexicano que solo así conseguirán llamar la atención de sus autoridades”, explicó.
Alcocer Domínguez dijo de manera respetuosa que el intentar imponer una Ley que ataque las manifestaciones no es la solución a los problemas del pueblo, además de que este tipo de propuestas violan garantías y derechos constitucionales.
El empresario indicó que muchos aspectos de la iniciativa aún son muy ambiguos, como por ejemplo la parte que menciona “Si durante las manifestaciones, marchas o plantones se altera el orden o paz públicos…”, agregando que dicho texto es demasiado subjetivo y, en determinado momento, podrá servirle a la autoridad correspondiente para usar a su propio beneficio.
“De entrada sabemos que toda manifestación pacífica tiene que causar algún tipo de afectación, principalmente obstaculizar el tráfico o el acceso a algún área en específico; pero esa es la idea de las protestas, lograr con ello tener la atención de sus autoridades, atención que no tendrían sino se manifestaran”, refirió.
Alcocer Domínguez expresó que en caso de aprobarse una Ley enfocada a las manifestaciones, esta debe centrarse en castigar, restringir y prohibir únicamente las de índole violenta, o aquellas que causen perjuicios sociales de grandes magnitudes.
Por su parte, el presidente de la Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla en el sur de Quintana Roo, Julio Durán Sánchez, mencionó que la Ley de Ordenamiento Cívico es una propuesta que generará el repudio de la mayor parte de la ciudadanía.
“Nosotros como líderes de opinión tenemos que ver los dos lados de la balanza, y por más buenas intenciones que pueda tener el Gobierno para cuidar la estabilidad social en los actos de manifestación, están lanzando una Ley que de entrada es anticonstitucional. Desaprobamos los hechos violentos y que causen daños durante una marcha, pero también consideramos que la manifestación libre y pacífica es un derecho de todo ciudadano, y por ende no debe tratar de ser controlada o prohibida”, comentó.
El empresario dijo que el aprobar la propuesta solo traería un mayor descontento social del que actualmente ya existe, situación que podría salirse de control para las respectivas autoridades.
“Lo que aquí pasa es que no se está tomando en cuenta al pueblo, recordemos que existe un hartazgo casi generalizado de las decisiones que se han tomado respecto a las reformas, mismas que se han hecho sin consultar en lo más mínimo a los ciudadanos; entonces, este rechazo es lo que genera la inconformidad social, que muchas veces desemboca en una manifestación. Yo pediría con mucho respeto a la clase política quintanarroense, que antes de aprobar una Ley que criminalice las protestas, deben tratar de buscar otro tipo de soluciones que dejen satisfechas a ambas partes”, detalló.
Durán Sánchez explicó que la labor de las autoridades de Gobierno debe ir enfocada en legislar para el pueblo, y no en contra del pueblo, dejando claro que está de acuerdo en que se emita una Ley que ataque las manifestaciones violentas, pero que deje de lado las protestas pacíficas sin importar cuales sean.
“Entiendo el interés de la autoridad por cuidar el orden público, pero también ellos deben entender que una manifestación es un derecho que se utiliza cuando los problemas de la gente no son escuchados. De manera muy atenta y respetuosa pediría que se analice muy a fondo la Ley de Ordenamiento Cívico, y que incluso sea sometida a consulta popular, porque recordemos que a final de cuentas la clase política está para servir a su pueblo, cosa que es algo que falta mucho en nuestro país”, concluyó.
Finalmente, el empresario dijo que se debe someter a una revisión minuciosa los puntos de la actual propuesta, ya que muchos de ellos, consideró, son demasiado subjetivos y no están bien definidos, situación que en determinado momento, podría ser utilizada para tomar como “dañina” cualquier manifestación que se realice. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
