“Una democracia es tanto más sólida cuanto mayor volumen de información de calidad puede soportar”
Louis Armand
Por Alfredo Fernández de Lara Gaitán
A lo largo de la historia el papel de los medios de comunicación, particularmente el de la prensa crítica, ha sido fundamental en la construcción de la cultura democrática y, por tanto, de la opinión pública. En el caso de nuestro país podemos encontrar, desde los tiempos coloniales, antecedentes de la existencia de prensa crítica que contribuyó a la formación de una opinión pública y que, cabe decir, fue un elemento fundamental en el cuestionamiento del orden absoluto frente al orden liberal que se extendía por Europa y por América. El historiador Francois-Xavier Guerra analiza con gran profundidad el papel que desempeñó la prensa y las nuevas formas de sociabilidad en la mutación de las ideas y de los imaginarios de las élites hispánicas entre 1808 y 1810 y señala: “Con ellos nace verdaderamente la “opinión pública” moderna y lo que se puede designar, con Habermas, como “el espacio público literario” o Cochin “la república de las letras”, es decir, un medio social, una red de hombres agrupados en sociedades y tertulias –literarias, económicas, científicas-, en las que, con la libre discusión sobre toda clase de temas, entre ellos los políticos, empieza a erigirse una instancia moral independiente del Estado que juzga en nombre de la “razón”, la validez no sólo de las medidas de gobierno, sino también de los principios generales que deben regir a la sociedad”.[1] Lo anterior, es sólo un ejemplo de la importancia que históricamente ha tenido una prensa libre y crítica que fomenta el desarrollo de una opinión pública informada de manera veraz, profesional, independiente y crítica, sobre todo si pensamos que una de las acepciones de la democracia consiste en ser el gobierno de la opinión.
Si bien éste podría ser un lado positivo del papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia también se presenta la contraparte – que es la que predomina en la actualidad -, una prensa y medios audiovisuales que muchas veces se transforman en un instrumento controlado o, peor aún, manipulador y tergiversador de la realidad social, política y económica. Medios de comunicación que pueden ser usados por ciertos actores como herramienta para desacreditar a sus adversarios o, en caso contrario, ensalzar a otros y tratar de legitimarlos ante la ciudadanía, a fin de crear personajes mediáticos cuyo talento y capacidades poco o nada corresponden con la realidad y con los retos que el país afronta.
Es cierto que la crítica es un elemento fundamental de la libertad de expresión y de una sociedad democrática, sin embargo, dicha libertad trae consigo una gran responsabilidad social que debe asumirse con ética, pues dicha libertad no es una patente de corso para denostar al contrario o para ser empleada como una herramienta de apología barata, que fomenta la opacidad y desinforma a la opinión pública en beneficio de intereses oscuros o facciosos que vulneran el derecho de acceder a información de calidad.
Si suele criticarse la opacidad y discrecionalidad de la política no puede hacerse menos con la de los medios de comunicación en México, quienes tradicionalmente se han escudado en ambiguas definiciones de lo que es la “libertad de expresión”, para defender intereses económicos y de grupo. También a este poder fáctico hay que imponerle valores y controles democráticos como la responsabilidad, la transparencia de sus actos e incluso la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Esto es importante porque el contexto actual nos demuestra que ciertos medios de comunicación se han constituido en un poder económico que ha subordinado al poder político al que antaño servía. La relación entre medios de comunicación y poder político se ha vuelto un entramado de complicidades y de intereses poco transparentes a costa de la sociedad.
Al amparo del antiguo régimen se crearon grandes monopolios que han concentrado el poder económico y político de México; la misma esencia de dicho régimen no puede ser vista de otra forma que como el monopolio y la concentración del poder político. Sin embargo, la transición mexicana generó un replanteamiento de los equilibrios políticos y mediáticos existentes con anterioridad. El fin del sistema de partido hegemónico y el paso a un sistema multipartidista hizo que las empresas televisivas diversificaran sus relaciones y sus intereses con los otros partidos políticos, en especial con el PAN y el PRD, con la finalidad de mantener sus privilegios y aumentar sus intereses económicos.
Por su parte, el cambio de las reglas electorales y la búsqueda de mayor equidad en la asignación de recursos produjo un efecto no deseado: el que los partidos políticos destinan gran parte de los recursos públicos que se les asigna a los medios de comunicación. Al centrar gran parte de las campañas políticas en los medios de comunicación, los partidos políticos y sus integrantes se volvieron clientes potenciales, y cada vez más dependientes, del poder fáctico de los medios, como lo han demostrado las contiendas electorales federales de 2006 y de 2012. Aunque el compromiso número 95 del Pacto por México señala que “Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto…”, hasta el momento, pese a las tendencias centralizadoras de la administración federal, nada se ha realizado en este sentido, prevaleciendo una lógica electoral por encima de los compromisos adquiridos.
Si bien en términos ideales los medios de comunicación pueden ser aliados potenciales de la consolidación democrática, la realidad mexicana prevaleciente nos ha enseñado que estos aliados de la democracia se pueden volver antagonistas de la misma cuando sus intereses particulares prevalecen por sobre los colectivos, a tal grado que pueden representar un fuerte obstáculo para la consolidación de una democracia de calidad. Sin embargo, otros ejemplos corroboran que, en los sistemas democráticos consolidados los medios de comunicación han sido un aliado potencial de la ciudadanía para el control de los políticos, el acceso a la información y para evitar abusos de poder tanto por actores públicos como privados. Lamentablemente en el caso de México esto ha sido la excepción más que la regla. Por tanto, la consolidación democrática de México requiere que las reglas democráticas apliquen para todos, ya que mientras se mantengan los privilegios a intereses particulares o poderes fácticos como los del duopolio televisivo o el monopolio en telefonía fija y móvil, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa. Lamentablemente las recientes reformas legislativas en materia de telecomunicaciones no nos brindan muchas expectativas en dicho sentido.
[1] Francois-Xavier Guerra “Modernidad e Independencia”. Fondo de Cultura Económica. México, Tercera edición. 2001. p. 227-228.
