En menudo lío está metido el presidente municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, pues su jefe policiaco, Arturo Olivares Mendiola, se ha convertido en pesado lastre para su administración ante formales acusaciones de tortura y abuso de poder en lo que se perfile como otro grave caso de impunidad que agravia a los mexicanos.
Rumbo a la próxima jornada electoral en la que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se cumple un mes de la andanada de revelaciones periodísticas que desnudan el negativo proceder de Olivares Mendiola, sin que Carrillo Cáceres emita declaración alguna con lo que se refuerza la percepción ciudadana de una complicidad que pone en entredicho el respeto de los derechos humanos en el principal destino turístico de México.
Aquí en realidad no importa cómo ocurren las revelaciones periodísticas por aquello de que no maten al mensajero, sino el incontrovertible hecho de qué Arturo Olivares Mendiola ha faltado a sus deberes y responsabilidades legales al permitirse una fiesta familiar en las instalaciones del stand de tiro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal donde menores de edad y mujeres ajenas a la corporación portan armas de alto poder, e incluso estas últimas las disparan.
También Arturo Olivares fue denunciado en el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial Federal durante una ampliación de demanda de amparo a favor de ciudadanos cancunenses que fueron víctimas de tortura luego de una manifestación pública por los desaparecidos de Ayotzinapa. Tortura que dicho sea de paso confirmó la Comisión estatal de Derechos Humanos.
Adicionalmente, tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos conforme el “Protocolo de Estambul”, luego que se corroboraron huellas “de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes” en contra de Héctor Cacique Fernández “El Diablo”, presunto operador del Cártel del Golfo, que involucran precisamente a este jefe policiaco, según denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Así como guarda ominoso silencio el presidente municipal de Benito Juárez, también lo hace el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues no ha prosperado en el Congreso local la iniciativa de las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados exigieron a la Alcaldía de Cancún la destitución del jefe de la Policía Municipal, Arturo Olivares, por haber organizado la citada práctica de tiro y fiesta con amigos y familiares.
En un capítulo catalogado como lamentable, la diputada local panista María de Lourdes Valdés, dijo que Arturo Olivares debe ser destituido por delitos y responsabilidades administrativas que se deriven de las denuncias, mientras que en el ámbito de la dependencia a cargo del denunciado se inició una investigación interna a modo.
Destaca que el abogado de los 14 jóvenes detenidos en Cancún el pasado 27 de febrero durante una manifestación por los desaparecidos de Ayotzinapa, ingresó al Juzgado Segundo de Distrito una ampliación de demanda de amparo a favor de sus defendidos porque fueron víctimas de tortura, conforme lo confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Leonardo Daniel Kumul Salazaro, abogado de los jóvenes detenidos el pasado 27 de febrero de 2015, dijo que se amplió ésta demanda de Juicio de Amparo “nombrando a una nueva autoridad involucrada que es el Secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez, Arturo Olivares Mendiola, porque al momento de la detención éste y el personal armado a su cargo tomó nota y datos del estado físico en que llegaron los detenidos, las heridas, lesiones en el cuerpo y el estado en que se encontraban”.
Este informe –explicó el abogado- no se lo rinde al Agente del Ministerio Público en la mesa 11, a la Procuraduría del Estado, pero existe y se lo rinde al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo, en la Segunda Visitaduría, ahí constan todos los informes médicos.
“Entonces se amplía con el objeto de hacer también a la autoridad responsable desde el momento de la detención a las 8:30 de la noche, si no las aporta ingresaremos los documentos médicos que obran en poder del Ombusdman, derivado de que la noche de las detenciones ingresamos dos discos con fotos y videos de cómo los agreden los policías municipales a los detenidos, los toman de los cabellos, los arrastran hasta subirlos a las patrullas y sin orden de aprehensión ni estando en flagrancia, siendo esto obviamente ilegal”, argumentó.
El amparo que se metió desde un principio trata de actos de tortura, ilegal detención e ilegal retención, enumeró. “El objeto es que también se tome al Secretario de Seguridad Pública como responsable de estos actos conforme el Artículo 111 de la Ley de Amparo vigente”, citó.
Queremos –dijo- que el órgano jurisdiccional se allegue más datos de prueba que puedan evidenciar los actos de tortura e ilegal detención. Se puede demostrar que los jóvenes tenían fuertes lesiones en el cuerpo.
Entonces, añadió, el juez debe darle 15 días para que rinda su informe justificado el secretario al Juzgado Segundo de Distrito.
Sus defendidos actualmente bajo reserva se encuentran gozando su libertad provisional con caución, pues independiente del proceso de amparo se lleva el proceso penal.
Por su parte, Emiliano Ramos, dirigente del PRD en Quintana Roo, expresó que “el equipo jurídico busca que se castigue a las autoridades que cometieron abusos de autoridad y que torturaron a los jóvenes, ya antes el juez mandato investigar a la policía judicial del estado y policías municipales, pero no se ha rendido ningún informe al Juez de distrito, por eso la ampliación busca reactivar el caso y atraer a la justicia al secretario de Seguridad Pública, que no quede esto en la impunidad”; pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14. [email protected]
Por dignidad y por vergüenza debería de renunciar, ni parece que haya sido militar…pero como no tiene ni una ni otra, ahi seguirá aferrándose, llorándole al puesto, Pagando curanderas y santeras para que no salga mas en el periódico (ignorante) y creyendo que el personal no sabe de sus marranadas. Confunde el respeto con la humillación, la nobleza con el servilismo y lo peor, cree que son mas los policías corruptos como el, que los buenos policías. Ignora que es un servidor publico y como tal se debe a su personal y a la ciudadanía. ¿ Donde quedo el juramento que hizo al tomar el cargo?
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