Por Raúl Caraveo Toledo @raulcaraveo
La semana que termina la revista Proceso engalanó su portada con la investigación sobre Roberto Borge Angulo exgobernador de Quintana Roo, sobre las acusaciones y demandas en su contra de sobra difundidas en medios, sobre la red de operadores –incluso familiares- para la apropiación del patrimonio del Estado de Quintana Roo se ha escrito mucho pero no lo suficiente para las autoridades de la Procuraduría General de la República.
La última vez que el exgobernador Borge se promocionó en redes sociales fue en enero desde Instagram; en diciembre pasado el CEN del PRI le suspendió sus derechos partidistas; en febrero de 2017 la PGR abrió investigación por lavado de dinero y le aseguró 25 inmuebles algunos se habían rematado a su abogado y a su madre a 6% del valor comercial actual.
El Congreso Local de Quintana Roo ha documentado diversas fechorías de su grupo cercano y ha echado para atrás iniciativas amañadas en beneficio de sus nombramientos o disposiciones para disfrutar impunemente su botín, la más reciente es la eliminación de varias decenas de elementos de su seguridad que le seguían pagando por parte del actual gobierno.
Si bien en cierto que el actual Gobernador ha recibido críticas por verse un poco tibio, la realidad es que actúa con firmeza paso a paso, hasta el 14 de abril se habrían liberado cuatro órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de primer nivel del período de Borge 2011-2016, según el Fiscal General de Quintana Roo Miguel Ángel Pech Cen existe buen número de implicados en las investigaciones, solo en una de las 23 carpetas de investigación abiertas hay 14 señalados. Este viernes 5 de mayo es detenido Mauricio Rodríguez Marrufo actual secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) que fuera anteriormente operador importante de Borge desde la SEDUVI donde manejo los predios del patrimonio estatal auto rematados.
Algunos exfuncionarios sobre los que se hará juicio político también son el exsecretario de Finanzas y Planeación Juan Pablo Guillermo Molina (que ya se le prohibió ingresar a USA vía Miami); el expresidente municipal de Cozumel Freddy Marrufo Martín, y los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo Víctor Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Leticia Cerón González. La lista de personalidades venidas a menos en riesgo de ser procesadas es muy amplia.
Tan es así que existen asociaciones civiles como es el caso de la llamada “Somos Tus Ojos” que promueve juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina por el desvío de mil 464 millones de pesos que fueron destinados a la promoción turística de Quintana Roo.
Todo lo anterior un hubiera sido posible sin la disposición de la Fiscalía y del Congreso Local (sin mayoría priista); el escenario nunca hubiera sido posible pero la ciudadanía optó por un voto de castigo y favoreció a Carlos Joaquín González. El proceso de cambio en un sistema de complicidades y conveniencias no puede darse de inmediato, por parte de las autoridades de Quintana Roo se ha mostrado hasta el mayor nivel de aplicación de la ley, pero eso no es todo, estamos en México.
Desde hace unos meses trascendió que Roberto Borge en uno de tantos paseos por Estados Unidos le fue retirada su visa, entonces se le ubica en Toronto Canada, alejado desde enero de las redes sociales no ha vuelto a publicar, mientras la PGR o el Gobierno Federal filtran la noticia de que un momento a otro le será girada la orden de aprehensión ya que –dicen- solo falta eso; pasan los días y el jueves 4 de mayo Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación declara; “Roberto Borge no tiene orden de aprehensión, el gobierno mexicano no lo está buscando” , y “no hay ninguna petición (para su detención) todavía. Si la hubiera, por supuesto que habríamos de actuar” termina diciendo Osorio Chong.
Ante el cúmulo de investigaciones, evidencias y actuaciones del Congreso Local y la Fiscalía General de Quintana Roo, de la sociedad civil y las investigaciones de medios nacionales expuesto a medios internacionales las últimas declaraciones del encargado de la seguridad interior del país son difíciles de entender. ¿No hay acaso coordinación entre las autoridades locales y las federales? ¿no existe voluntad suficiente para aplicar la ley federal de un caso de daño al patrimonio de los quintanarroenses? O ¿existe una línea política para que la PGR actúe conforme a tiempos y pactos privados (como con Javier Duarte) entre el presidente Enrique Peña Nieto – Roberto Borge?
El análisis de los eventos en el último año deja mucha suspicacia. Tendremos que esperar que la policía y gobierno de otro país actúe y en su paso envuelva la implicación de autoridades federales mexicanas.
El tiempo va corriendo y un elemento más altera cualquier variable de las elecciones próximas en cualquier otro Estado del país
Gracias por su lectura y recomendaciones en twitter y facebook
@raulcaraveo
*Raúl Caraveo Toledo es licenciado en ciencia política por la UAM, ex catedrático de las Facultades de Psicología y de la Facultad Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, ha sido analista de estudios económicos de PEMEX y Consejero electoral del IFE-INE de Quintana Roo de 2005 a 2015, ex asesor de la XIII legislatura de Quintana Roo, Conalep Quintana Roo, escribe para www.sdpnoticias.com www.tmj.mx www.gobernantes.com www.revistadigitalqr.com.mx www.todoincluidolarevista.com www.noticaribe.com www.pedrocanche.com y en Chicago www.laprensaus.com
