CANCÚN, MX.- Una calificación de 6, lo que equivale a “aprobar de panzazo”, fue la que otorgó el Observatorio Legislativo al XV Legislatura en su primer año de funciones, pues aunque se realizaron algunos avances, la mitad de los decretos eran obligatorios por ser armonización federal, en tanto que todavía restan pendientes en materia de transparencia.
El Observatorio Legislativo, conformado por alrededor de 15 asociaciones y cámaras empresariales, emitió un informe detallado sobre el desempeño de los diputados locales, de los que lamentaron que sólo seis han presentado su declaración 3de3.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, detalló que se emitieron 95 decretos, de los cuales seis fueron la aprobación de cuentas, cinco fueron para designar eventos solemnes, en tanto que 51 eran obligados, para ajustar el marco jurídico local con lo que marca la Federación.
De esta forma, se tienen 31 reformas a leyes, como tales, con variable trascendencia, algunas de las cuales están controvertidas, como la creación de una Comisión de Arbitraje Médico.
Del pliego de peticiones que entregó el Observatorio hace un año, la gran mayoría no han sido cumplidos, aparentemente descartados por los diputados, incluyendo temas como la desaparición de la Gran Comisión, fin al impuesto por extracción de materiales, creación de un Instituto Quintanarroense de Comunicación Social, entre muchos otros.
Un tema que fue recalcado por los empresarios es acabar con el presupuesto legislativo para ayuda y gestión social, pues el Congreso carece de facultades para ello, además que se duplican funciones de dependencias que realizan esta labor con parámetros, metas y transparencia.
El Observatorio señaló que se ignora cuál será la agenda de iniciativas, pues no han hecho público tal plan de trabajo, con los temas que serán abordados.
También cuestionaron la designación de Manuel Palacios como nuevo auditor Superior, ya que como interino vio de cerca los estados financieros del Gobierno del Estado en la administración pasada y jamás hizo alguna observación de irregularidades.
En la conferencia de prensa, también se compartió un diagnóstico del Poder Ejecutivo, en la que se indicó que “están tratando de hacer las cosas, pero no saben cómo las harán”.
Ello porque muchas de las metas del Plan Estatal de Desarrollo no son cuantificables, y las que lo son carecen de parámetros definidos. Como ejemplo, señalaron la meta de aumentar en 10% la inversión en el sexenio, lo que equivale a un 2% anual, algo que se da con el crecimiento normal de la economía.
Cuestionaron la ausencia de mecanismos o comisiones que ya debieran estar formadas, como el observatorio de revisión de compromisos, que se suponía daría informes cada tres meses, la inexistente agenda de información gubernamental o el consejo ciudadano para la generación de contenidos, que debía instalarse en abril pasado.
Por último, indicaron que si bien las dependencias cumplen en la publicación de la información obligada de transparencia, abundan detalles, como el que la Oficialía Mayor tenga una lista de proveedores, pero los registrados, no aquellos con contratos ni sus montos.
Llamativamente, la Oficina del Gobernador, que cuenta con un alto presupuesto, no cumple con la transparencia. (Noticaribe)
