CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de a República (PGR) acusó al exgobernador de Quintana Roo de quebrantar al erario público del estado por más de 900 millones de pesos (mdp) por la venta de 22 terrenos ubicados en zonas de alta plusvalía de la entidad a precios menores.
Durante la audiencia de presentación ante el Juez de Control, José Artemio Zuñiga en el Centro de Justicia Penal Federa de Nezahualcóyotl, el exmandatario escuchó las acusaciones de los representantes del Ministerio Público Federal, de ser responsable de idear y ejecutar un plan para la enajenación y adquisición ilícita de los predios que comprenden miles de metros cuadrados en zona de atractivo turístico.
Debido a ello, Borge está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la PGR, y enfrenta otras tres causas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo por delitos de abuso de autoridad tipificados como aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.
Los fiscales adscritos a la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, añadieron que el ex mandatario, junto con dos funcionarias de su administración, concretaron acciones para ocultar o pretender ocultar dichas propiedades, a sabiendas de que fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fachada, que eran representadas por personas cercanas al exgobernador.
Las funcionarias que están implicadas son la extitular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva y la excoordinadora jurídica del IPAE, Soraya Herrera Manzanilla, ambas nombradas por el exgoberador.
En la audiencia se detalló que el IPAE vendió los 22 terrenos en 238 millones 790,121pesos, mientras que el valor real de ellos era de 1,138 millones 889, 540 pesos, por lo que la diferencia de 900 millones 099,418 pesos, representa el monto del quebranto que le imputa la PGR.
Los predios se encuentran en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco, Chetumal, Túlum, Bacalar, Cozumel e Isla Mujeres.
El fiscal añadió que la participación de Borge no fue de propia mano, sino en calidad de coautor, a través de dichos nombramientos y la permisibilidad para que personas cercanas a él tuvieran acceso a estas propiedades.
Se indicó que solo en 3 de los 22 predios, se tiene certeza de que se intentó ocultar la operación con el IPAE. Dos de los terrenos fueron vendidos a César Celso González Hermosillo, presunto prestanombres de Borge y quién fungía como representante de algunas de la empresas a través de las que se hicieron las transacciones y uno más, se detalló, fue adquirido por la señora María Rosa Yolanda Ángulo, madre del exgobernador.
Y BORGE CALLA
El ex mandatario se reservó su derecho a declarar, y luego de que el MP solicitó al juez vincularlo a proceso, éste solicitó un receso que fue concedido de manera indefinida.
La defensa jurídica de Borge —encabezada por Antonio Collado y Javier López García— informó al juez que su defendido padece de problemas en el riñón, por lo que tiene necesidad constante de ir al baño.
La PGR solicitó vincular a Borge a Proceso y aunque lo delitos que se le imputan no son graves, podría permanecer en prisión debido al riesgo de fuga.
Hasta ahora no se ha visto a familiares o amigos del ex Gobernador. Está acompañado únicamente de sus abogados. (Fuente: Expansión)
