El prolongado conflicto por el codiciado botín de las tortugas de la bahía de Akumal es mucho más complejo y enredado de lo que, hasta ahora, los medios han mostrado. No se trata de un pleito entre buenos y malos, donde los buenos serían la gente del pueblo y los malos los empresarios acaparadores.
Simplificando mucho las cosas se puede decir que, en efecto, hay dos grupos antagónicos: uno representa los intereses de los empresarios instalados en la bahía desde los orígenes de Akumal y el otro está formado por una mezcla de pequeños empresarios del poblado, militantes priístas, operadores políticos, funcionarios municipales y oportunistas de ocasión. Aquí “el pueblo” no tiene nada que ver. La mayoría de los pobladores no participan en estas disputas y más bien se ven afectados cuando se les impide el paso a sus centros de trabajo. El conjunto de empresarios de la bahía tampoco es un grupo compacto, si bien el grupo dominante (Laura Bush, Carlos Ortiz y Las Casitas) es el que controla al consejo directivo del Centro Ecológico Akumal (CEA).
Recordemos que el gobierno del estado, durante la administración de Borge Angulo, se quiso apropiar de una franja de tierra, ubicada precisamente en el acceso tradicional a la bahía, presentando un mapa y documentos apócrifos y argumentos retorcidos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó.
Se vio que la intención de Borge era utilizar el descontento de un grupo de pobladores, que se improvisaron como tour-operadores, para quedarse con una tierra que tenía dueño.
El hecho ahora es que la Suprema Corte ha fallado a favor del CEA y que el grupúsculo apoyado por el gobierno del estado ha perdido ese soporte político. La detención de El Pío, operador político del PRI, con una larga carrera delincuencial e instigador de las protestas y bloqueos en Akumal, es resultado de ese viraje político.
A raíz de demostrar la legítima propiedad de la tierra, el CEA decidió cerrar el acceso tradicional y sacar a los tour-operadores y demás changarros que ya estaban instalados, con el apoyo del municipio, entre el acceso y la playa. Pero la defensa del acceso tradicional no tendría nada que ver con el intento de apropiarse de tierras ajenas, al estilo Borge. El acceso tradicional se puede reclamar acudiendo a la historia y a los derechos que la población adquiere por el uso de un camino de paso que había estado abierto por más de 30 años y que ahora ha sido bloqueado por una barda de enormes contenedores.
¿Y las tortugas? Lo que no se dice es que la población de tortugas juveniles de la bahía vive en constante estrés y que muchas de ellas presentan tumores y deformaciones. Muchos de los visitantes que hacen el tour terminan deprimidos de ver un arrecife casi muerto y un montón de tortugas acosadas y enfermas.
Actualmente, y después de muchos tropiezos, se ha logrado establecer un padrón de 31 permisionarios que tienen derecho a vender 12 nados con tortugas cada uno, lo que da un total de 372 personas al día. Supuestamente la Profepa lleva el control de este programa, pero considerando la ineficiencia y corrupción de esta procuraduría y el número de vehículos que atiborran los estacionamientos, dudo mucho que la cuota diaria de visitantes se esté respetando.
Es de destacarse que, desde el principio, quienes menos querían someterse a regulaciones eran, precisamente, los nuevos grupos de tour-operadores, conocidos como “los piratas” debido a que no contaban con permisos de operación, no estaban registrados en hacienda, no tenían la capacitación requerida pero ya tenían sus puntos de venta invadiendo propiedades con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal. Pero es de entenderse que estos grupos no quisieran participar en un plan de manejo elaborado por el CEA, considerando que esta asociación representa los intereses de los empresarios de la bahía.
Toda la información que se ha manejado en el sentido de que el acceso a la bahía se ha cancelado no es veraz. La realidad es que el acceso a la bahía es ahora a través del CEA, de forma que es libre para población local y quintanarroenses. El hecho de que se haya movido el punto de acceso sólo responde a una actitud revanchista y empecinada de los empresarios. Los mismos torniquetes que pusieron para el acceso en el CEA podían haberlos puesto en el acceso tradicional. Pero, tal parece, el paisaje de rejas, candados, alambradas y barreras tipo bunker es la única forma de dirimir diferencias entre los actores en conflicto.
Por otra parte, llama la atención que los turistas tengan que pagar una cuota de acceso de 5 dólares. Lo que me parece inaceptable es que un ente privado pueda cobrar por el acceso a la playa, que debe ser libre, pero eso sucede hace muchos años en Akumal ya que el acceso a la caleta Yalkú también tiene un costo cobrado por un particular. Supuestamente, el dinero por el acceso a la bahía lo administra el CEA para mantenimiento de la infraestructura de servicios, para programas de investigación y para un fondo aplicable a obras en el poblado. ¿Hay alguna autoridad que pueda fiscalizar este recurso y vigilar su aplicación?
Si el cobro lo hiciera la Conanp para los gastos de la operación de un programa de manejo, considerando que la bahía es un Área Natural Protegida, tendría más lógica y no se prestaría a perspicacias y malos entendidos.
Dada esta situación, muchos de los operadores se niegan a pagar al CEA los 5 dólares por visitante y han buscado otros accesos a la bahía, lo que ha generado nuevas confrontaciones.
Con este jaloneo entre grupúsculos necios, las playas de Akumal se acercan a un esquema de privatización. Aunque locales y quintanarroenses tenemos acceso libre, el resto de visitantes tiene que pagar una cuota a un particular. Aunque lo que sucede en Puerto Aventuras, por ejemplo, es un modelo de privatización de facto, radical, que nadie cuestiona.
Con una comunidad de tortugas enfermas y grupúsculos políticos y empresariales necios e irresponsables, del lado de la playa y del lado del poblado, es imposible aspirar a un modelo sostenible para la gestión turística en la bahía de Akumal.
