YUCATÁN, MX.- Los pobladores mayas de Homún lograron que una jueza suspenda de manera definitiva la operación de la megagranja porcícola que se construyó en esa localidad, ya que representa un riesgo para el medio ambiente, el agua de los cenotes y la salud de los niños; sin embargo, será hasta noviembre cuando se resuelva el juicio de amparo, publicó El Heraldo de México.
Tras la resolución de la jueza, el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, comunicó al alcalde de Homún, Manuel Jesús Chí Chin, la suspensión de la autorización concedida por la administración de Rolando Zapata Bello.
Desde hace casi dos años, los habitantes de esta comunidad –ubicada en la reserva geohidrológica de Yucatán y que surte del vital líquido a municipios como Mérida– se han organizado para impedir que la granja contamine el subsuelo con las excretas.
Han realizado marchas y clausuras simbólicas de la obra y de dependencias gubernamentales, y han interpuesto amparos ante instancias federales con el argumento de que no se realizó consulta indígena alguna para conocer si están de acuerdo o no con su operación.
El mes pasado, el conflicto se agudizó cuando los pobladores detectaron que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), dueña de la granja, ingresó cerdos a sus instalaciones con la intención de operar, por lo que no cumplió un acuerdo al que habían llegado de esperar las resoluciones judiciales.
Por tal razón, el 21 de septiembre los inconformes clausuraron simbólicamente la megagranja, pero, mientras realizaban la protesta, cinco inspectores de la Profepa cerraron los paradores turísticos instalados en los cenotes de los cinco principales líderes de este movimiento. Los activistas consideraron esta acción como una provocación.
Días después de este evento, seis niños, niñas y adolescentes de Homún –a través de sus representantes– tramitaron un juicio de amparo (expediente 1128/2018), para oponerse a la operación de la granja.
Así, el Juzgado Cuarto de Distrito estableció la suspensión definitiva y que se paralice el funcionamiento de la megagranja, en cuanto se resuelve –en noviembre– el juicio de amparo. (Fuente: El Heraldo de México)
