CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de campaña de bajar el gasto en publicidad oficial, pero el referente que utilizó para la reducción no fueron los recursos aprobados por el Congreso, sino lo gastado por el gobierno de Enrique Peña Nieto este año, publicó Proceso.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el gobierno del tabasqueño proyecta gastar 4 mil 258 millones de pesos en comunicación social, lo que supera los recursos que inicialmente se pretendía recortar a las universidades públicas.
Además, esos recursos se ejercerán conforme a la llamada Ley Chayote, que entrará en vigor el 1 de enero y que fue aprobada por la mayoría del PRI en la pasada legislatura.
La Ley General de Comunicación Social enfrenta varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque mantiene la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, sin ajustarse a los criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas.
El Colectivo #MediosLibres, que pide la abrogación de la ley, considera que los 4 mil 258 millones de pesos presupuestados siguen siendo un gasto excesivo, comparado con los recortes originalmente previsto a las universidades, como el Programa Nacional de Becas (Pronabes) que había sido recortado a la mitad, a dos mil 615 millones de pesos.
Integrado por organizaciones de la sociedad civil y periodistas, el colectivo señala que el gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esa cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó.
En la propuesta gubernamental se busca que, de los 4 mil 258 millones de pesos, la Secretaría de Gobernación (Segob) ejerza mil 786 millones para comunicación social, 854% más que los 180 millones presupuestados para este año.
La llamada Ley Chayote centraliza en la Segob las facultades y recursos de la política de comunicación del Ejecutivo Federal.
#MediosLibres ha insistido en que la Ley debe abrogarse porque mantiene el uso discrecional de los recursos y contribuye a que la publicidad oficial controle las líneas editoriales de los medios, “generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
En octubre pasado, el colectivo presentó una iniciativa de ley para derogar la #LeyChayote, pero el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, ha dicho que el gobierno esperará a que la SCJN resuelva los juicios constitucionales contra la ley.
El colectivo sostiene que la austeridad anunciada por López Obrador no será efectiva si el presupuesto no fija topes para la modificación del gasto en comunicación social, como ocurrido en el sexenio anterior, que se gastó cerca de 60 mil millones de pesos, más del doble de lo autorizado en los presupuestos anuales.
Tan sólo el año pasado, el Congreso aprobó tres mil 278 millones, aunque después la cifra se modificó a ocho mil 439 millones de pesos. (Fuente: Proceso)
