Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante los primeros seis meses de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en 31 acciones ilegales o de dudosa legalidad y ha impulsado leyes a modo que van en detrimento del Estado de Derecho, aseguró María Amparo Casar, directora ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En conferencia conjunta, esta organización y Causa en Común documentaron las acciones del Gobierno federal que van en contra de la Constitución, de las leyes y de las instituciones.
López Obrador, detalló, ha incurrido en 20 acciones ilegales, en siete acciones de dudosa legalidad y en la promoción de cuatro leyes a modo.
Entre las acciones ilegales, ejemplificó, está la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el inicio del Tren Maya sin cubrir los requisitos legales previos, el reclutamiento anticipado de elementos de la Guardia Nacional, el desmantelamiento de las estructuras de la administración pública.
También, la cancelación de recursos para estancias infantiles, guarderías y organizaciones de la sociedad civil; la militarización de las funciones de la seguridad pública, el veto a empresas farmacéuticas y la promoción personalizada del presidente en publicidad oficial.
Un caso especial, destacó, es el memorándum a través del cual López Obrador instruyó a sus funcionarios a cancelar la reforma educativa, un acto que vulnera la división de Poderes, desacata la Constitución y promueve entre servidores públicos el incumplimiento de la ley.
“Es un gobierno que habla, propone y actúa colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano, francamente, secundario”, señaló Casar.
El estudio reporta que en estos primeros seis meses se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad, 34 controversias constitucionales y miles de amparos en contra de acciones del gobierno federal.
El historiador Héctor Aguilar Camín dijo que, en promedio, López Obrador incurre en cinco acciones ilegales mensualmente, lo que le da un buen porcentaje de bateo.
Si se consideran los recursos constitucionales promovidos en estos primeros seis meses con el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, enfatizó, la acciones ilegales se han multiplicado.
“En estos seis meses el promedio de bateo del presidente ha crecido en 393 por ciento en materia de acciones de inconstitucionalidad y, en materia de controversias constitucionales han crecido en 259 por ciento”, señaló.
Sin embargo, el analista político dijo que en estos números hay algo esperanzador, porque, indicó, son muestra de la resistencia de la sociedad ante las arbitrariedades. (Agencia Reforma)
