Por Adriana Varillas / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

PARTE 2

El Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo es “una simulación” y un “sistema de complicidades institucionales”, coinciden en entrevistas por separado Fabiola Cortés, fundadora de “Somos Tus Ojos”, y Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo.

Ambos ven vicios de origen: en la instalación, la selección de sus integrantes y la redacción de la propia ley, calificada por la activista como “un catálogo de buenas intenciones”, que sólo enuncia la necesidad de aplicar buenas prácticas, pero no castiga con severidad los actos de corrupción.

Como ejemplo, en enero pasado, el SEA enfrentó una de sus primeras pruebas de “fuego”.

En diciembre de 2018, con base en el artículo 23 de la Ley Anticorrupción, la asociación civil Somos Tus Ojos solicitó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) turnar a la Comité Coordinador (CC) –integrado por autoridades locales– una petición para emitir un exhorto público sobre un probable hecho de corrupción que involucra al Congreso local, acusado del presunto desvío de millonarios recursos por el tema de las “ayudas sociales”.

Cortés Miranda, de Somos Tus Ojos, explicó que la Unidad de Transparencia de la XV Legislatura se ha negado a poner a la vista los recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro documento que acredite que los recursos se entregaron a las y los beneficiarios, bajo el argumento de que fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado, que puede mantenerlos en reserva durante siete años.

En principio, el CPC se negó a hacer la solicitud al CC, aludiendo que era necesario que las autoridades competentes hubiesen determinado, primero, que había un hecho de corrupción y que éste no hubiera sido “suficientemente atendido”; también emitió un breve comunicado.

“No quisieron ni siquiera subir la petición para que las autoridades investigaran y se pronunciaran”, indica la activista, quien subraya que tuvieron que presentar un amparo ante la negativa del Comité.

El recurso fue presentado el pasado 29 de marzo, ante el Juzgado Sexto de Distrito, radicado en Chetumal (271/ 2019), y obligó al CPC a sesionar el 25 de abril, para rectificar y solicitar al Comité Coordinador, la emisión del exhorto público a efecto de que la Auditoria Superior del estado ponga a disposición de la organización y de la ciudadana Teresa Pérez Sorcia, toda la documentación que acredite el gasto hecho por el Congreso, desde 2016, por el tema de las “ayudas sociales”, así como la conclusión de las auditorías existentes.

En 2018, la también abogada promovió un amparo en contra de la designación de Fernando Gama Rodríguez, acusado de entregar documentación falsa para postularse como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Además, denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El caso está “congelado” y se le ha prohibido acceso al expediente.

“Me parece insólito que, a través de un acto de corrupción, se nombre a uno de los magistrados del Tribunal que tendrá que castigar actos de corrupción y que goce de la protección del Congreso y de la fiscal”, reprocha.

Al respecto, el diputado Eduardo Martínez Arcila defiende la actuación del Congreso y afirma que la transparencia demanda mayor responsabilidad de quienes manejan la información pública, para no hacer de ésta una herramienta “para difamar y golpear”.

Los funcionarios impugnados

Cynthia Dehesa, integrante del CPC, comenta que, a nivel nacional, se ha visto que una manera de ejercer el control de los SEA, es que los gobernadores incidan en la elección de sus miembros.

Joaquín González ha insistido en que, “desde el inicio de esta administración, trabajamos en el combate a la corrupción y la impunidad para corregir el rumbo de Quintana Roo”.

Dehesa admite que hubo designaciones “polémicas” o al menos cuestionadas, porque no derivaron de procesos abiertos, como el caso de la Fiscalía y la Auditoría y explica que los órganos ciudadanos del Sistema no pudieron intervenir, porque fueron elegidos e instalados, posteriormente al nombramiento de ambos funcionarios y de los integrantes del TJA.

Por ejemplo, el 1 de septiembre, Juan Manuel Palacios Herrera, fue designado por 24 votos a favor en el Congreso, como auditor superior, hasta el 31 de diciembre del 2024.

Fungía como auditor interino desde el 5 de junio de 2017, en sustitución de Javier Zetina González, quien renunció al cargo bajo presiones políticas. Él había sido nombrado auditor por la anterior legislatura, el 24 de junio de 2016, durante una sesión prácticamente secreta y fuera del recinto legislativo, en un lujoso hotel de Cancún.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Ciudadano, ubica la elección del actual auditor, como un primer error, debido a que fue parte de la Auditoría Superior que avaló las cuentas públicas a Borge. Recuerda que cuando el funcionario fue cuestionado sobre el tema, declaró que no había podido negarse por temor a ser despedido.

“¿Cuál es la garantía de que no deje pasar otro acto de corrupción ahora, por el mismo temor?”, cuestiona, al señalar que, en general, los nombramientos se dieron a personajes “afines” a grupos políticos o de poder, no a figuras críticas.

Otra designación controversial fue la de la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, elegida con 20 votos a favor en el Congreso el 14 de septiembre del 2017, como parte de una terna enviada por el entonces fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, quien renunció al cargo en septiembre del 2018 y fue sustituido en diciembre por Oscar Montes de Oca.

El Consejo de Licenciados en Derecho, a cargo de José Juan Chilón Colorado, refutó su nombramiento, debido a su inexperiencia en la materia; la funcionaria enfrentó un procedimiento administrativo cuando se desempeñó como juez penal, derivado de un acto de autoridad cuestionado.

Fabiola Cortés, de Somos Tus Ojos, subraya que además de no cumplir con el perfil que marca la Ley, ni con el requisito de honorabilidad, la fiscal Anticorrupción “es el principal obstáculo para combatir la corrupción” y retoma el caso del magistrado Rodríguez Gama, acusado de presentar documentación falsa al Congreso, para poder concursar como miembro del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La fiscal –dice– se ha negado a investigar el caso, pese a que existen evidencias y pruebas; tampoco ha intervenido ante las denuncias por presunto desvío de recursos de las “ayudas sociales”, en el Congreso, ni la denuncia en contra del ex gobernador Félix González Canto (2005-2011), por la venta de terrenos patrimonio del estado, a precios subvaluados, esquema que heredó a su sucesor, Roberto Borge.

Con Fabiola Cortés coincide Eduardo Galaviz, quien señala que debiendo ser la más activa, el trabajo de la Fiscal “no se percibe”.

La fiscal Villanueva ha sido proactiva en presentar denuncias contra funcionarios del borgismo, pero algunas de éstas se cayeron durante los juicios, por irregularidades en el proceso, al vencer los tiempos para ejercer acción penal o debido a que, al no ser delitos graves, los imputados han logrado su libertad a cambio de fianzas o del reintegro de los montos que se les demandan.

Entre los casos más sonados están el del ex director de VipSaesa, Carlos Acosta Gutiérrez, vinculado a proceso el 11 de julio de 2017, por ejercicio indebido de la función pública y sujeto a arraigo domiciliario en marzo de 2018.

El exfuncionario fue liberado el 1 de febrero de este año, por instrucción de un juez de control, quien fundó su resolución con base en el amparo 900 / 2018, concedido a Acosta Gutiérrez por un juez de Distrito, quien determinó que había vencido el plazo para el ejercicio de la acción penal.

Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Mario Castro Basto, detenido en Mérida, Yucatán el 19 de agosto de 2018, acusado de desempeño irregular de la función pública, con daño patrimonial del orden de los 600 millones de pesos.

Un Tribunal Colegiado resolvió que prescribió el delito que se le imputaba y ordenó liberarlo, el 12 de diciembre pasado.

El ex director de la Administración Portuaria Integral (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, fue aprehendido en Tijuana, Baja California, el 25 de noviembre de 2017, por presunto daño patrimonial.

Fue vinculado a proceso y se le dictó prisión, pero logró ser liberado el 18 de enero de 2018 al obtener una suspensión provisional, derivada de un amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito, por la presunta actuación irregular de la Fiscalía al momento de ejecutar la orden de aprehensión. Su juicio sigue su curso.

El órgano garante, ausente del Sistema

Uno de los personajes más criticados dentro del SEA, es el presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), Orlando Espinosa Rodríguez, designado durante el borgismo.

Para Dehesa, Izquierdo y Cortés Miranda, constituye la parte más débil del Sistema, por su ausencia y falta de cooperación, que juzgan grave, al tratarse del Órgano Garante de transparencia.

“El Sistema está casi completo, porque la pieza que falta es el órgano garante. Sí está trabajando, pero no se integra al Sistema. Se va hasta el 2024 y es intocable, porque es autónomo”, concuerda el presidente de la Coparmex.

El diputado, Eduardo Martínez considera que la Contraloría estatal debería ser más coercitiva y punitiva y ve en el CPC, el componente más débil del Sistema. “Están como en un limbo”, menciona.

El contralor, Rafael del Pozo, apunta hacia el Poder Judicial, del que demanda mayor apoyo.

2019, el reto es para el CPC

Izquierdo Sánchez indica que cuidaron mucho la selección del CPC que, en comparación con otros estados, fue blindado de la intromisión gubernamental.

“Las esferas gubernamentales no metieron la mano; no hubo ‘mano negra’ como en otros estados, en donde intervinieron fuerzas y partidos políticos”, sostiene.

Lo anterior cobra relevancia, porque el presidente del CPC, preside también el CC y el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual se traduce en un contrapeso ciudadano al poder público, afirma Marcos Gutiérrez, quien ascendió al frente del Comité de Participación Ciudadana, el 13 de marzo pasado, en sustitución de Miriam Cortés.

“Este es el momento del CPC. El papel de Miriam Cortés fue consolidar el presupuesto e instalar el Sistema; a Marcos le toca armar la estrategia, coordinar los trabajos, hacer los diagnósticos y enlazar los haceres (sic) del Comité”, asegura Izquierdo Sánchez.

Para Galaviz y Fabiola Cortés, de origen, la designación de Cortés Franco fue incorrecta, pues ocupa un cargo directivo dentro de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), lo que implicaba un posible conflicto de interés, al ser representante de un sector.

Para Adrián López, de la Coparmex, al CPC le hace falta mayor visibilidad y difusión de sus actividades, toda vez que en él recae la responsabilidad de “evangelizar” en temas de anticorrupción.

Contemplan primeras reformas al SEA

La discusión sobre el papel, funciones y honorarios del CPC, ha dado pie a miembros del Congreso, para contemplar las primeras reformas a la Ley local, que podrían aprobarse en este mismo año, adelanta el diputado Martínez Arcila.

“Vienen modificaciones al Sistema. Vamos a escuchar qué posibles reformas pueden plantearse. Hay un gran debate a nivel nacional sobre la naturaleza y el status laboral de los integrantes del CPC, por ejemplo. Si son servidores públicos o no, si deben estar al 100 por ciento; si hay riesgo de burocratización.

“Quizá lo vea esta Legislatura o le toque ya a la siguiente. Serían las primeras reformas a la Ley Anticorrupción”, sostiene. Otra reforma contemplada es la posibilidad de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, agrega.

Izquierdo Sánchez añade como punto a revisar, el posible conflicto de interés de quienes luego de trabajar dentro del gobierno, incluso prestando servicios de asesoría, son postulados para formar parte del CPC, así como los candados que limitan a menores de 35 años, la posibilidad de concursar.

Dentro del CPC existe la necesidad de aumentar las redes con otros estados y de ser más mediáticos, perdiéndole el miedo a la denuncia pública y haciendo valer su independencia.

Marcos Gutiérrez comparte que busca además que las sesiones del CPC sean transmitidas en tiempo real e involucrar más a los medios de comunicación, con talleres sobre el SEA.

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. https://ethos.org.mx/