Agencia Reforma
BAJA CALIFORNIA, MX.- El Congreso de Baja California declaró la procedencia de la reforma a la Constitución que amplía de dos a cinco años el periodo del Gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla Valdez.
Para validarla sólo hacía falta comunicar a los legisladores que se cumplió con el proceso legal, y ayer se hizo de manera exprés en una sede alterna al Poder Legislativo, en Playas de Rosarito, a puerta cerrada y cercados por policías municipales.
Antes de declarar la validez, se desechó, por mayoría, el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al Legislativo estatal para dejar sin efecto la reforma.
Al iniciar la sesión, algunos legisladores aseguraron no conocer la orden del día.
“Diputada, a mí me gustaría primero conocer el tema, no conocemos el orden del día”, dijo la panista Eva María Vásquez Hernández, cuya inquietud no fue atendida.
“Habiendo 18 diputados presentes se declara quórum”, indicó la también panista Iraís María Vázquez Aguiar, quien votó a favor de la reforma el pasado 8 de julio.
Vásquez Hernández dijo que era una situación ilegal y que será determinado así por la Suprema Corte de Justicia.
“Somos convocados para una sesión cuya orden no conocemos, en convocatoria tarde, ni siquiera hubo tiempo para trasladarnos, estamos transgrediendo el Estado de derecho, un precedente sumamente lamentable”, recalcó.
Jorge Núñez, del Partido de Baja California, quien no asistió, indicó que fue citado a las 14:30 horas para una sesión que sería a las 16:00 horas, entre dos ciudades que tienen alrededor de 250 kilómetros de distancia.
Diputados del PRI y del PAN se quejaron de que han sido objeto de críticas a nivel “nacional e internacional” e incluso se consideraron víctimas de posibles actos de la delincuencia, al darse a conocer que posiblemente recibieron sobornos.
La panista Mónica Hernández Álvarez, en proceso de expulsión de Acción Nacional, indicó que se encuentra en situación “bastante vulnerable”.
“Nos han acusado de todo, nos han señalado, han puesto inclusive en riesgo la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias”, aseveró, “señalando que hemos recibido cantidades de dinero, cuando sabemos cómo está la delincuencia en Tijuana y en Baja California, eso nos pone en situación bastante vulnerable”.
Los legisladores rechazaron la injerencia de la Comisión Permanente “en asuntos que únicamente corresponden a los bajacalifornianos” y exigieron respeto a la soberanía.
“Se exhorta a la Comisión Política Permanente que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, indica el dictamen. (Agencia Reforma)
