Agencia Reforma
ESTADOS UNIDOS.- La idea del Gobierno de México de demandar en Estados Unidos al vendedor del arma de fuego usada en el tiroteo de El Paso donde 8 ciudadanos mexicanos perdieron la vida enfrenta serios obstáculos que dejan sólo una ventana muy estrecha para su éxito.
De acuerdo con expertos estadounidenses consultados por Reforma, una demanda civil por daños en las cortes de EU contra el vendedor del arma podrían presentarla los familiares de las víctimas, pero no el Gobierno mexicano, pues no podría probar un daño económico directo.
“El problema que el Gobierno de México enfrentaría, a diferencia de las víctimas y las familias, es: ¿Cuál es la pérdida que el Gobierno mexicano de hecho sufrió personalmente para que tengan una queja completa bajo el derecho de daños?”, dijo Timothy Lytton, profesor de la Universidad Estatal de Georgia y autor del libro “Demandando a la Industria de las Armas”.
A reserva de que las autoridades estadounidenses presenten el historial completo de la venta del rifle AK-47, supuestamente utilizado por el autor del ataque, una demanda luce aún más complicada dado que esta ocurrió de forma legal, según explicó ya la policía de El Paso.
Aún cuando las familias de las víctimas mexicanas decidieran avanzar con una demanda, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los vendedores de armas dejando abiertas contadas excepciones.
“Usualmente estas excepciones involucran una violación a la ley en la mercadotecnia (del arma) o (en el proceso de) la venta de una arma de fuego. Si puedes hacer que entren en una de esas excepciones entonces el caso puede proceder”, dijo a Reforma, David Morantz, abogado del despacho Shamberg, Johnson & Bergman, y quien ha ganado demandas contra armerías.
Para poder tener éxito en las Cortes de EU las familias demandantes dependen de encontrar que durante la transacción, el vendedor del arma violó la Ley al vendérsela con conocimiento a un testaferro u omitió el chequeo de antecedentes.
“Hay que mantener en la mente que muchas de estas ventas en EU son ventas legales pues son hechas con chequeos de antecedentes. Cuando ese es el caso, la inmunidad hace muy difícil presentar una demanda que vaya más allá de la etapa (inicial)”, dijo el profesor Lytton.
Para los grupos organizados a favor de mayor control de armas como la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, la idea de que el Gobierno mexicano presente una demanda es algo que si está justificado pero no detallan una ruta clara que pudiera seguirse.
“El Gobierno mexicano puede y debe emprender acciones legales contra las compañías de armas que eligen poner ganancias sobre las personas y cuya conducta imprudente pone en peligro y perjudica a los mexicanos”, dijo Jonathan Brady, el vicepresidente legal de Brady.
Sin tener aún el historial del arma usada por el tirador de El Paso -el joven de 21 años Patrick Crusius- el abogado Morantz asegura que los litigantes con experiencia en esto casos creen que las tiendas deben ser más responsables al vender las armas semiautomáticas.
“Si el cliente quiere comprar un AK-47 o un AR-15, el vendedor de armas de fuego debe vigilar que la persona pueda comprarla legalmente y que el cliente no la transfiera a alguien a quien le esté prohibido poseer armas de fuego”, asegura el abogado Morantz.
En un caso reciente, Morantz representó exitosamente en 2018 a la familia de Terri Lamanno, una de las tres víctimas fatales de un tiroteo afuera del Centro Comunitario Judío de Kansas City, que demandaron a Walmart por la venta de una escopeta al testaferro de un neo-Nazi.
El Canciller Marcelo Ebrard dijo que México promoverá acciones legales contra el vendedor del arma. (Agencia Reforma)
