Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras considerar normal que el gobernador en turno invite a alguno de los legisladores a integrarse al gabinete, el aún presidente de la Comisión de Justicia en la Decimoquinta Legislatura, Mario Villanueva Tenorio dio a conocer que en cuanto termine sus funciones se acercará al titular del ejecutivo para darle a conocer que han concluido con el trabajo que se les encomendó en esta legislatura, “y ya dependerá de él (del ejecutivo) si hay alguna indicación”.
Consideró normal que cuando termina una legislatura el gobernador en turno invite a alguno de los diputados a participar en el gabinete, “así que estaremos a la espera”. “Es un tema de trabajo en conjunto porque lo que necesita el Estado en estos momentos son resultados”, aclaró.
Dijo que no sería como pago por el trabajo en la Decimoquinta Legislatura, ya que no se tuvo ninguna línea por parte del gobernador, aunque por fuera la opinión púbica haya visto otras cosas.
Reconoció que los diputados, acostumbrados a un sistema de mando ejecutivo y recibir línea hacia donde ir, se “sacaban de onda” al tener la apertura democrática para decidir. Incluso citó el ejemplo de la eliminación del fuero porque, a pesar de la temporalidad con la que se aplicará, “cuando se le preguntó al gobernador su opinión, lo único que dijo fue que sea conforme a derecho”.
Manifestó que el gobernador no opinó del trabajo del Poder Legislativo y los diputados tomaron decisiones propias.
Asimismo, Villanueva Tenorio como presidente de la Comisión de Justicia confirmó que serán los próximos diputados quienes elijan a los integrantes de la comisión dictaminadora que se encargará de analizar la procedencia o no del juicio político interpuesto contra Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco.
Explicó que la comisión logró determinar que hay los elementos, pero serán los próximos diputados quienes determinen si aplican una sanción, pues “es un tema firme para la próxima legislatura”.
Lamentó que no haya podido concluir con la propuesta de reforma a la iniciativa de juicio político y determinar que la sanción sea política, es decir que el responsable no pudiera ser electo a un cargo de elección popular o un cargo electo por el Congreso del Estado.
Dijo que que estos momentos la sanción administrativa y una posible inhabilitación tal y como se considera dentro de la ley cae dentro de la responsabilidad del Tribunal de Justicia Administrativa. (Noticaribe)
