YUCATÁN, MX.- El jefe de Seguridad de Chichén Itzá fue atacado a puñaladas por un presunto guía de turistas, un hecho no aislado ya que son constantes las amenazas de presuntos trabajadores turísticos contra empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que cuidan este patrimonio cultural de la humanidad, publicó La Jornada Maya.
Por más de una década en Chichén Itzá está la problemática de la presencia del ambulantaje y guías de turistas dentro de la zona.
Un día antes de la agresión, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur) Mérida, en voz de su presidente, Michel Salum Francis, pidió al INAH resolver la situación del ambulantaje que, además de la mala imagen, se dedica a la venta de piratería.
El presidente de la Asociación de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina, también señaló ese día que “lo último que dice un turista cuando se va (de Yucatán) y le preguntas cómo le fue, dice: la verdad todo bien, los yucatecos son una chulada, pero algo hay que hacer con Chichén”.
Incluso, invitó a los medios de comunicación a visitar el sitio y hacer un conteo de cuantos vendedores ambulantes laboran, “si Kukulkán viviera, yo creo que ya los hubiera apaleado”, dijo.
Ambos empresarios recalcaron la importancia del vecino estado de Quintana Roo en el panorama turístico, ya que un gran número de visitantes a la zona arqueológica provienen de Cancún, y actualmente atraviesan una realidad crítica, debido a la inseguridad y a los efectos del sargazo.
Marco Antonio Santos Ramírez, director general de la zona arqueológica, declaró que también las dependencias de gobierno tienen la “obligación moral” de resolver el problema.
Urge resolver ambulantaje
El director general de la zona arqueológica declaró que las dependencias de gobierno tienen la “obligación moral” de resolver el problema del ambulantaje, pues precisó que el INAH cobra 70 pesos por entrar a la zona, recurso que va a la Tesorería de la Federación, mientras que el gobierno de Yucatán, a través del parador turístico del patronato Cultur, cobra 405 pesos, dinero que tampoco les llega a ellos. Entonces “¿Quién tendría la obligación moral de poner un nuevo parador y hacer todo lo se quiere para solucionar el problema?”, cuestionó.
Dijo que al área central, la mayor parte que se visita es propiedad del gobierno del estado, “en ese sentido, quien legalmente podría hacer algo serían ellos”, insistió.
“Nosotros, agregó, como Instituto tenemos por mandato de ley la salvaguardia del patrimonio”.
“Es un tema compartido, no nos hacemos un lado, pero nuestra misión es otra, coadyuvar en este proceso, pero directamente no es el INAH quien tenga directamente que poner un nuevo parador, un lugar donde estén los vendedores, o impedirles el paso”, subrayó.
No se trata de retirarlos, ya que son 600 familias que de alguna forma se mantienen de eso, sino hay que darles una alternativa. “No podemos mandar al Ejército y sacarlos mañana, el país ya cambió… ya no estamos en un país donde se reprime al pueblo, hay que darles un espacio digno para hacer su labor”, manifestó.
Sólo el año pasado, detalló, el gobierno del estado obtuvo más de 430 millones de pesos por cobrar el acceso en los paradores turísticos de las zonas arqueológicas, donde Chichén aportó la mayoría del recurso que no se ocupa para lo que en origen se creó el Patronato Cultur, se ha usado para otras cosas, cuando se requiere un nuevo parador con mejores instalaciones, más amplias.
Eduardo López Calzada, director del Centro INAH en Yucatán, confirmó que este tema en específico se trabaja en conjunto con Cultur, para encontrar una solución y ordenamiento a este comercio.
Comentó que trabajan con estas dependencias en una estrategia incluyente para llegar acuerdos, con los mismos comerciantes para generar una mejor presentación del sitio, y un crecimiento del mismo con orden. Ya hay propuestas de poder ampliar el actual parador, valoramos cómo podría ser o buscar otra alternativa dentro del marco legal vigente. (Fuente: La Jornada Maya)
