Tortura y detenciones arbitrarias, el método ‘efectivo’ para mantener la seguridad en Yucatán

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Por Jéssica García

MÉRIDA, MX.- Desde choques eléctricos, sumergimientos en agua en estado insalubre, golpes, intimidación, amenazas, vendaje de ojos, entre otras son las prácticas de tortura que se registran en Yucatán por parte de elementos de Seguridad Pública hacia las personas detenidas.

José N es un adolescente maya con discapacidad auditiva que vive en X-Can. En 2016, a los 14 años, la Policía Municipal lo detuvo arbitrariamente.

Las autoras Renata Demichelis Ávila y los investigadores Carlos A. Camargo Pinzón y Enrique Gallegos Madrigal, a través del reporte “Derechos Humanos en contexto: Aproximaciones para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Yucatán”, documentaron el informe oficial sobre este y otros casos, por lo que al solicitar el reporte policial notaron que describieron que lo detuvieron por vandalismo y por dañar una patrulla.

Sin embargo, los vecinos fueron testigos de cómo la policía detuvo y golpeó a José contra el vehículo policial, le pisaban la cabeza y lesionaban el cuello. Posteriormente, le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a los calabozos de la comisaría de policía cercana a la localidad de Chemax.

De acuerdo con la víctima, en la comisaría lo esposaron y colgaron de la pared, donde lo dejaron por horas y lo presionaron para que se auto incriminara, mientras que su padre y madre fueron obligados a pagar una multa y los daños a la patrulla bajo la amenaza de que si no lo hacían, José sería llevado a la cárcel.

Sobre este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió la recomendación 35/2018, sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el adolescente había sido víctima de tortura, limitándose a describir los hechos como “fuerza excesiva”, “desprotección de la parte superior del cuerpo” y a que “permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.

Los elaboradores de este informe señalan que a la fecha no hay cumplimiento de dicha recomendación.

Amnistía Internacional ha dado seguimiento al caso, el cual ha sido considerado como un referente en la actuación policial del estado, por lo que entregó 57 mil fi­rmas al Gobierno del Estado solicitando una reparación integral y prevenir futuras detenciones arbitrarias.

Cabe señalar que este caso está documentado en el informe de Amnistía titulado “Falsas Sospechas. Detenciones arbitrarias en México”, presentado en 2017.

En este sentido, la Codhey ha documentado en un periodo de 2007 a 2019, sólo 53 casos de torturas en el estado, emitidas por la SSP.

Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), después de realizar visitas a 34 lugares de detención en el estado, emitió el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, resaltando la poca capacitación del personal en las agencias del Ministerio Público para prevenir actos de tortura.

Aunque desde 2003 existe una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura, cuando surgen casos de este tipo no se les da seguimiento y la SSP los niega.

Dentro de las recomendaciones que ha hecho la Codhey a la SSP, algunas son derivadas del empleo arbitrario de la fuerza pública, el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, incomunicación, intimidación, actos de tortura, cateos y/o visitas domiciliarias ilegales.

Sobre este tema, la organización Indignación, realizó otro informe denominado “Después de la fiesta, la resaca. Los derechos humanos en el ivonato”, en el cual se señala que los agentes de las corporaciones policiacas detienen personas bajo sospechas infundadas o con muy pocos elementos, fabrican la flagrancia bajo cuestiones circunstanciales e inician con agresiones físicas o amenazas.

Además, se llevan a cabo interrogatorios con violencia con el objetivo de que las personas detenidas reconozcan estar involucrados en actos ocurridos; en algunos casos los detenidos no son remitidos de manera inmediata ni a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ni a la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública; sino que son conducidos a diferentes lugares de la ciudad, siendo interrogados en el interior de vehículos, amenazados, intimidados y agredidos, en tanto se obtiene la respectiva orden de aprehensión, o la presentación de la denuncia respectiva. De lo contrario, los liberan en lugares públicos sin rendir cuenta a las autoridades judiciales.

Al acudir los familiares de las personas detenidas a las instituciones de seguridad pública y de procuración de Justicia para conocer el motivo de las detenciones de sus familiares, reciben actitudes evasivas por parte de los funcionarios públicos encargados de dar información sobre la ubicación de los detenidos y en algunos casos niegan que dichas personas se encuentren detenidas.

Por su parte, la Codhey reportó recientemente que este 2020 inició con la capacitación a policías municipales en materia de “Derechos Humanos, Seguridad Pública, Funciones Policiales y Prevención del Suicidio en Cárceles Municipales”

Las primeras capacitaciones se han llevado a cabo en Chacsinkín, Tahdziú y Peto, pero la finalidad es llegar a todas las cárceles de todos los municipios. (Noticaribe)

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