Un auténtico dislate demagógico fue el emitido por el actual gobernador del hermano estado de Campeche, al manifestar que defendería milimétricamente la superficie de la entidad que gobierna aun a costa de su propia vida, dramatización verbal a la postura del Congreso quintanarroense en relación con el problema limítrofe con los estados vecinos de Yucatán y Campeche. Lo que denota el mandatario campechano con sus amenazas y sus violentas arengas, es falta de sensibilidad política y conocimiento histórico del problema cuando se requiere la unidad en estos tiempos difíciles en que las acechanzas internas y externas no son un mitote sino una realidad, cuando los agraviados en el litigio territorial han sido los propios quintanarroenses como lo demuestra la incorporación de varios poblados nuestros al municipio de Calakmul mismo que nació como un instrumento del gobernador Salomón Azar para desviar la atención sobre serios conflictos políticos locales que lo afectaban, arbitrario despojo que fue combatido jurídica, histórica y políticamente por el gobierno quintanarroense encabezado por el Ing. y Lic. Mario Villanueva ante las instancias legales correspondientes, en la defensa de los límites geográficos de nuestro Estado. Esto ha venido sucediendo a lo largo de muchos años. Teniendo estos antecedentes, llama la atención que las consideraciones del Congreso del Estado de Quintana Roo sobre la cuestión limítrofe, provocaran la sobrerreacción del gobernante campechano a no ser que sea también parte de una estrategia que obedezca a fines más personales.
El viejo litigio territorial se remonta casi al momento de la erección de Quintana Roo como entidad federativa en noviembre de 1902 al segregarse al estado de Yucatán 50. 843 kilómetros cuadrados incluyendo las islas, iniciativa aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por las legislaturas locales, sin ninguna objeción, lo que no se vuelve a repetir en el año de 1913 cuando don Venustiano Carranza difumina burocráticamente al territorio federal mediante un acuerdo que lo reintegraba al estado de Yucatán, que en el fondo fue un acto político, para agenciarse el respaldo de la poderosa oligarquía regional pero sin ningún valor jurídico al no ser aprobado por el Congreso Constituyente, el único facultado para definir un evento superior de esta naturaleza. La embestida se vuelve a repetir en el año de 1923 cuando el general Álvaro obregón amagó con desaparecer jurídicamente el territorio federal enviando una iniciativa que fue rechazada por la mayoría de los diputados después de un concienzudo análisis sugerido por el entonces ya presidente Plutarco Elías Calles. Pero los ánimos de los círculos de poder regional estaban sobrecalentados y una vez más volvieron a la carga en 1931 cuando el presidente Pascual Ortiz Rubio con el pretexto de aligerar la carga fiscal a la federación suspende el subsidio de sesenta mil pesos anuales que se le otorgaba al territorio federal y posteriormente envía una iniciativa de ley en donde se aprobaba su desaparición jurídica, dividiendo su geografía entre los estados de Yucatán y Campeche. De nueva cuenta las legislaturas locales de ambos estados aprobaron los límites primigenios. Posteriormente, cuando el pueblo quintanarroense bajo la batuta política del Comité Pro Territorio logra convencer al general Cárdenas de la pertinencia del restablecimiento del territorio federal como enclave fronterizo, uno de sus primeros actos de gobierno fue enviar una iniciativa de ley a la cámara de la diputados para la reintegración del territorio federal que toda vez que se aprobó fue sancionada, asimismo, por las legislaturas locales con los límites y coordenadas establecidas en 1902 en el texto constitucional. Por otra parte, fue en una reunión efectuada en el amanecer de los años cuarenta en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando el general Lázaro Cárdenas ante la presencia de los gobernadores de Yucatán y Campeche y la ausencia del mandatario quintanarroense emite un acuerdo que avalaba la cesión de una importante franja territorial (diez mil doscientos kilómetros cuadrados) en favor de las entidades demandantes documento que han esgrimido a lo largo de varias décadas, sin que tuviera valor legal al no ser sancionada por ambas cámaras. Un acto político similar al de don Venustiano Carranza en 1913 que aparentemente desapareció al territorio federal. Cárdenas sabía que su candidato a sucederlo, por su debilidad intrínseca, iba a necesitar del apoyo de los poderosos círculos de poder regional y los engañó con malicia. De ahí se desprende la demanda de las entidades vecinas que paradójicamente fueron combatidas por los gobernadores foráneos destacándose en esta defensa el propio Margarito Ramírez lo que pone de de relieve que el propio gobierno federal no simpatizaba con la demanda y ordenaba a sus gobernadores defender el territorio federal “milimétricamente”.
De acuerdo a este somero recorrido histórico, con la aprobación de los poderes legislativos yucateco y campechano a la erección del territorio federal como estado libre y soberano en 1974, por quinta ocasión estas asambleas populares reconocieron, en diferentes tiempos y circunstancias, la validez de los límites territoriales establecidos en la Constitución General de la República, mismos que en los hechos no han querido reconocer. En las controversias constitucionales que ha presentado la entidad quintanarroense ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender su integridad territorial, la abundancia de información tanto histórica como política, jurídica y social abundan en nuestro favor. No es con amenazas porriles como se debe atender este importantísimo problema. Se necesita imaginación, sensibilidad política, atender las fuentes de la historia y del marco jurídico fundamental, respeto a lo que dicta nuestra carta fundamental y sentido de justicia en donde corresponde dar a cada quien lo que es suyo.
