Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En lo que va de la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19) la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ha realizado 307 procedimientos y en su mayoría se debe a casos de actuaciones de autoridades municipales y de corporaciones policiacas.
De acuerdo con el primer reporte emitido por la Codhey, de todos los procedimientos, al menos 11 se iniciaron por quejas y 45 se deben a medidas cautelares.
Entre los señalamientos más recurrentes por parte de los ciudadanos en las gestiones se encuentran asuntos relacionados con detenciones en cárceles municipales, por condiciones de personas en reclusión en penales, personas extraviadas, personas con discapacidad, personas mayores, actuaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, así como por dos fallecimientos.
Como consecuencia de las observaciones que ha hecho la Codhey, este organismo pidió a las autoridades estatales y municipales preservar ante todo la legalidad en la toma de decisiones.
La mayoría de los casos atendidos están relacionadas por las medidas que autoridades municipales han implementado en medio de la pandemia, como por ejemplo, el hecho de determinar toques de queda.
Sobre las medidas cautelares, la Codhey recordó que fueron dirigidas hacia los presidentes municipales de Peto, Celestún, Tizimín, Valladolid, Río Lagartos, Izamal, Panabá, Espita, Chemax, Chichimilá, San Felipe, Dzitás así como a los Ayuntamientos de Cenotillo, Huhí, Umán, Sinanché, Kinchil, Progreso, Yobaín, Maxcanú, Kanasín, Homún y Hoctún, respectivamente.
Otras medidas cautelares fueron dirigidas hacia la Policía Municipal de Dzidzantún, al Ayuntamiento de Mérida, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y a la Fiscalía General del Estado.
De los 307 procedimientos, 161 fueron orientaciones a diferentes instancias debido a que se trataban de asuntos relacionados con cuestiones laborales de empresas privadas, asuntos de carácter penal, entre otros.
Otros temas por los que ciudadanos recurrieron a la Codhey se debieron a detenciones arbitrarias, lesiones, allanamiento de morada, robo, prestación indebida al servicio público, violación al derecho a la mujer a una vida libre de violencia, daño en propiedad ajena, derecho a la legalidad en su modalidad de dilación, tratos crueles e inhumanos o degradantes, violación a los derechos del niño, violación al derecho de los menores se proteja su integridad, discriminación y violación al derecho a la libertad de expresión. (Noticaribe)
