Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Irregularidades en el pago de apoyos a dignatarios mayas por parte del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (Inmaya), el reconocimiento a la investidura del General José Isabel Sulub Cimá como integrante del Consejo Supremo Maya, el contagio masivo de los participantes en el proceso de entrega-recepción por covid-19, así como la aclaración de que las concesiones de taxis no se pueden heredar, fue puesto en evidencia durante la conferencia de los lunes del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García.
Confirmó que durante una reunión que sostuvo este fin de semana con el general maya, tuvo que poner dinero de su bolsa, ya que se confirmó que
el Inmaya ha incumplido con el pago de los 500 pesos mensuales asignados a los Dignatarios Mayas, a pesar que lo tiene considerado dentro de su presupuesto.
Incluso anticipó que la legislatura trabajará en un convenio para proporcionar apoyo económico a los dignatarios al tiempo que consideró válido la realización de manifestaciones por parte de los dignatarios Mayas si la autoridad no les hace caso.
“Si tienen alguna situación tienen que movilizarse; si no están haciendo caso a los mayas pues que se movilicen porque quizá sea la única forma en que se les escuche, que se movilicen”, afirmó.
Miranda García reconoció la investidura del General Maya José Isabel Sulub Cimá, pues dijo que ningún dignatario maya puede ser expulsado del Consejo Supremo Maya.
Dijo que el Congreso del Estado será respetuoso de la autonomía del Consejo Supremo Maya para que sean ellos mismos quienes tomen sus decisiones, “que decidan sobre el Inmaya y el propio consejo supremo maya”.
En su conferencia, el presidente de la Jugocopo aclaró que la modificación del artículo 113 de la Ley de Movilidad aprobada la semana pasada no implica que las concesiones de servicio de transporte de pasajeros puedan ser heredadas, ya que es facultad de gobierno del Estado otorgarlas y el congreso es respetuoso de la autoridad.
Aclaró que la aprobación que hicieron los legisladores no implica que las concesiones se puedan heredar, “sabemos que es un bien público propiedad del gobierno del Estado. Fue una modificación como primer derecho que tienen los taxistas y sus familias”.
Reconoció que es un a situación complicada, pero todos los diputados alcanzaron un acuerdo para presentar una iniciativa conjunta.
Sobre la participación del secretario técnico de la comisión de Movilidad en el Congreso en motivar y fomentar la manifestación de taxistas la semana pasada, dijo que se investigará para determinar si fue legal o no su procedimiento.
En cuanto al proceso de entrega recepción, Miranda García dijo que hay un atraso debido a que los participantes en el proceso se contagiaron de covid-19
Aunque la ley establece un plazo de 15 días, dijo que habrá una prórroga ya que se ha pedido que sean otras personas las que se encarguen del proceso de comprobación de la documentación del primer año de gestión de la Jugocopo.
En cuanto a las comparecencias, consideró que todos los funcionarios deberían comparecer para explicar el contenido de la glosa del cuarto informe de gobierno y que entre ellos estará la directora del Inmaya, Delta Moo Arriaga.
La agenda de comparecencias se dará conocer la próxima semana. (Noticaribe)
