Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Una vez más, agrupaciones de ambientalistas, científicos, académicos y expertos en salud pública, presentaron este día ante el Cuarto Juzgado de Distrito en Yucatán un informe legal en donde respaldan con argumentos, las razones por las cuales consideran que una granja porcícola debería suspender sus operaciones en la zona de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.
En el informe presentado este día, indican que sobre todo se expone la voz de las demandas constitucionales presentadas por jóvenes mayas, sobre todo porque indican que es una zona sensible ecológicamente, además que las granjas ocasionan contaminación del agua y también atmosférica, además hay propagación de patógenos peligrosos y contribuciones al cambio climático.
Sobre esta situación, la doctora Jill Johnston, profesora de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, explicó que sí hay evidencia científica de que las operaciones industriales porcinas liberan contaminantes en las comunidades vecinas.
“Afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Dichas operaciones se han asociado con aumentos en síntomas bronquiales y asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, detalló.
De esta manera, ella se suma a impugnar para que se detengan las operaciones del proyecto industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente vulnerable.
Hannah Connor, abogada sénior del Centro para la Diversidad Biológica mencionó que se unieron a la lucha de jóvenes mayas porque a ellos y ellas les interesa preservar la herencia ecológica con la que cuentan.
“Esperamos que la corte haga cumplir los principios ambientales consagrados en la Constitución Mexicana para proteger los derechos de los indígenas mayas a un medio ambiente sano”, apuntó.
Uno de los datos que han obtenido en investigaciones en relación al tema de las granjas, es que se prevé que el establecimiento cuestionado en el juicio genere más de 270 millones de kilos de orina y heces cada año, lo que representa una amenaza continua para los habitantes de la región y el medio ambiente.
Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice, mencionó que la solicitud no es improvisada, ya que hay evidencia científica de más de 40 años de cómo las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores, las comunidades y al medio ambiente.
Recordaron que ya hay documentaciones precisas como la que realizó la agrupación internacional Greenpeace, denominada como ‘La carne que está consumiendo al planeta’.
Kelly Hunter Foster, abogada de Waterkeeper Alliance, explicó también que ya se ha observado antes que las granjas porcícolas suelen utilizar los cuerpos de agua para depositar sus deshechos. (Noticaribe)
