Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Alrededor de 30 niñas, niños y adolescentes presentaron un amparo contra autoridades municipales, estatales y federales que incumplieron leyes ambientales, por lo que les fue concedida una suspensión provisional de una granja establecida en su comunidad, Santa María Chi.
El proceso fue respaldado por madres, padres de familia y sobre todo por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), por lo que ahora el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimocuarto Circuito con sede en Mérida, determinó la paralización de operaciones de la granja porcícola para que ya no introduzcan más cerdos.
El amparo fue presentado el pasado 28 de noviembre y la denuncia fue interpuesta en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), así como Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán y la alcaldía de Mérida.
Se trata de la granja porcícola “Santa María” que alberga aproximadamente 42 mil cerdos desde hace aproximadamente 30 años.
En este sentido, se llamará a juicio a las empresas “Pecuaria Peninsular S.P.R de RL. de C.V.”, “Chumoxil, S.A de C.V.” y a “Grupo Porcícola San Gerardo” cuyos representantes legales son: Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, quienes son los encargados de que opere y funcione la granja.
El comisario Wilberth Nahuat Puc ha afirmado abiertamente: “Sabemos que estamos peleando contra un monstruo” y también denuncia que sus ecosistemas se han visto afectados por el establecimiento de esta granja.
En relación al amparo interpuesto por las niñas y niños reclaman violaciones al derecho a la salud, al agua y al medio ambiente sano.
En ese sentido, en la suspensión concedida, la Jueza Federal reconoció “el interés legítimo de los niños, niñas y adolescentes para reclamar la operación de la granja porcícola, ya que esta afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”
También la jueza señaló que existe un peligro inminente y es sabido que estos establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental.
Será el próximo 18 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia incidental en donde la Jueza definirá si mantiene la suspensión temporal y se logra una definitiva.
Hay que mencionar que Santa María Chi forma parte de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, por lo tanto, sus habitantes consideran que es una zona que debe ser conservada, ya que abarca ecosistemas ambientales como la aguada de Sitpach, el cenote Xpuchil y el cenote el Altillo. (Noticaribe)
