Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Una diligencia judicial para entregar la posesión de los hoteles “Mayaland” y “The Lodge at Chichén Itzá” ha desatado un intenso conflicto legal entre autoridades y la empresa Inmobiliaria R4, que operaba ambos inmuebles. La compañía sostiene que la acción se llevó a cabo en violación directa a una orden judicial que suspendía expresamente cualquier procedimiento de este tipo.
El Gobierno del Estado de Yucatán informó que el operativo, realizado el pasado miércoles 18 de junio, se ejecutó a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de una resolución emitida por una Juez de Control con sede en Cancún. Según la versión oficial, la actuación fue coordinada conforme a protocolos legales y en atención a una solicitud de colaboración interinstitucional.
No obstante, Inmobiliaria R4 asegura que la entrega de los hoteles se efectuó en abierto desacato a una orden de suspensión dictada el 13 de junio por el mismo juzgado de Cancún dentro de la carpeta administrativa 687/2022. En dicha resolución, se había declarado la nulidad absoluta del acuerdo que autorizaba la restitución de los bienes, y se instruyó explícitamente suspender cualquier acción hasta el 11 de julio, cuando se emitiría una resolución definitiva. R4 afirma que esta notificación fue entregada con antelación a las autoridades involucradas.
La empresa también argumenta que el desalojo carece de validez legal, ya que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Estado de Yucatán había determinado, desde octubre de 2023, que las autoridades de Quintana Roo no tienen competencia para intervenir en un caso relacionado con bienes ubicados en territorio yucateco. Por lo tanto, califica la acción del 18 de junio como un “despojo arbitrario” que contraviene tanto la ley como resoluciones judiciales firmes.
En el fondo del conflicto se encuentra un litigio mercantil entre R4 y el empresario Fernando Eugenio Barbachano Herrero. Según la empresa, ambas partes firmaron un contrato de promesa de compraventa en agosto de 2020, mediante el cual Barbachano entregó voluntariamente los inmuebles. R4 asegura haber pagado ya 4.5 millones de dólares, además de consignar otros 1.5 millones ante el juzgado federal mercantil de Mérida, dentro del juicio ordinario mercantil 512/2024. El caso continúa en disputa legal, mientras las partes enfrentan una pugna por el control de los emblemáticos hoteles aledaños a la zona arqueológica de Chichén Itzá. (Noticaribe)
