Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— A pesar de los constantes operativos de inspección y vigilancia pesquera en Yucatán, la pesca furtiva continúa siendo un problema estructural sin solución a la vista. En los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) solo ha reportado dos personas puestas a disposición del Ministerio Público por estas prácticas, cifra que contrasta fuertemente con el volumen de productos decomisados: más de 398 mil kilogramos de especies capturadas ilegalmente entre 2020 y 2024.
“Es fácil identificar a quienes se dedican a la pesca furtiva. Quienes estamos en regla los conocemos; bucean por las noches, usan compresores ilegales y no respetan vedas ni tallas mínimas”, señala Carlos Andrés Gómez Chuc, pescador legalmente registrado.
La falta de sanciones eficaces ha generado un sentimiento de impunidad en el sector, donde se estima que al menos el 40% de la pesca anual —de una población de aproximadamente 12 mil pescadores en el estado— se realiza fuera del marco legal.
José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, explica que los propios pescadores han conformado comités comunitarios de vigilancia para apoyar a las autoridades, pero sus esfuerzos se ven frustrados ante la falta de consecuencias legales para los infractores. “Calculamos que hay al menos 5 mil pescadores furtivos en el estado. Algunos capturan pulpos sin importar si son hembras cargadas de crías, ni si están en temporada de veda. Si no se sanciona, no sirve de nada vigilar”, afirma.
Más allá de los números, la pesca furtiva es también reflejo de una problemática social más profunda. Carlos Rosas, especialista en pesquerías, advierte que el problema no se limita a la falta de inspección por parte de Conapesca o la Secretaría de Marina: “Se criminaliza al pescador sin preguntarse por qué lo hace. Muchos lo hacen por necesidad. Pero también hay otros eslabones sin vigilancia, como los compradores que adquieren especies ilegales. La pesca furtiva no es solo un delito ambiental, es un síntoma de desigualdad”.
Uno de los casos más recientes ocurrió en las costas de Celestún, donde un operativo interinstitucional encabezado por la Semar, Semarnat, Conapesca y la Secretaría de Seguridad Pública estatal logró asegurar dos embarcaciones que operaban sin permisos y transportaban especies en veda o por debajo de la talla mínima permitida.
Una de las lanchas, del tipo realzada con una longitud de 26 pies, fue localizada con carga de escama ilegal. La segunda embarcación llevaba un compresor y tanque de aire, equipo prohibido por su alto riesgo tanto para el ecosistema como para quienes lo usan.
En total, fueron detenidas cinco personas. Las autoridades anunciaron que el caso tendrá seguimiento legal y reiteraron su compromiso con la vigilancia de los litorales yucatecos. Sin embargo, el desafío persiste: las acciones puntuales parecen insuficientes frente a una práctica que se reproduce cada noche en altamar, alentada por la falta de alternativas económicas, la debilidad institucional y la ausencia de castigos ejemplares.
Mientras tanto, las comunidades que viven de la pesca responsable siguen enfrentando una doble amenaza: la sobreexplotación del mar y la competencia desleal de quienes pescan al margen de la ley. (Noticaribe)
