Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Regidoras y regidores de Morena en el Ayuntamiento de Mérida exigieron mayor transparencia y rendición de cuentas en dos frentes que, advirtieron, impactan directamente a la ciudadanía: el manejo de los recursos del Sistema Individual para el Retiro y la Jubilación Municipal (SIRJUM) y el cierre de Centros de Desarrollo Integral (CDI) en distintas colonias de la ciudad.
Durante sesiones de Cabildo, las y los ediles señalaron presuntas inconsistencias financieras en la administración de 556 millones de pesos del SIRJUM, invertidos a través de la casa de bolsa Bursamétrica, así como decisiones unilaterales para cerrar espacios comunitarios sin consulta previa a vecinas y vecinos.
En sesión extraordinaria, el regidor Diego Carrera Pérez solicitó un análisis técnico y comparativo entre la información presentada por el Comité Técnico del SIRJUM y los estados financieros auditados de Bursamétrica, al considerar que existen contradicciones que podrían ocultar un quebranto patrimonial.
El edil expuso que el escenario se reduce a dos posibilidades: un supuesto “milagro financiero”, con rendimientos extraordinarios en un contexto adverso, o una simulación contable, donde se reportan intereses que no corresponderían a recursos reales, sino a una deuda de difícil o nula recuperación.
Carrera Pérez afirmó que la evidencia apunta a la segunda opción. Detalló que mientras el Comité Técnico del SIRJUM reportó el pago de 15.5 millones de pesos en rendimientos en un solo trimestre, la calificadora Moody’s informó que Bursamétrica obtuvo utilidades por apenas 6 millones de pesos en todo el primer semestre de 2025, lo que, dijo, hace inviable que esos intereses provengan de ingresos reales.
Añadió que los reportes municipales presentan los 556 millones de pesos como una inversión disponible, cuando en los estados financieros de la casa de bolsa aparecen como cuentas de orden en custodia, lo que implica que no existe una obligación de pago en efectivo, sino la tenencia de instrumentos financieros cuyo valor de mercado podría ser mínimo o incluso nulo.
Otro punto crítico, subrayó, es que Bursamétrica habría reservado únicamente 2 millones de pesos para enfrentar posibles juicios relacionados con esos recursos, lo que consideró insuficiente frente al monto total en disputa.
Ante este panorama, el regidor informó que no avaló la cuenta pública municipal y exigió, entre otras medidas, la reclasificación inmediata de los 556 millones como un activo sujeto a litigio conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, la entrega de un informe detallado de las denuncias interpuestas y la presentación de estados de cuenta bancarios que acrediten que los rendimientos reportados ingresaron efectivamente a las arcas municipales.
Denuncian cierres de Centros de Desarrollo Integral
En sesión ordinaria, la regidora Georgina Piña Acosta denunció el cierre de al menos cuatro Centros de Desarrollo Integral en diferentes colonias, pese a que estos espacios ofrecen actividades recreativas, educativas y de convivencia que inciden en la salud socioemocional y el bienestar comunitario.
Expuso el caso del CDI Kaua II, donde vecinas, vecinos y alumnado se enteraron del posible cierre sin notificación ni consulta previa. Si bien la organización comunitaria logró frenar la decisión, advirtió que la permanencia del centro quedó condicionada a un “número mínimo” de asistentes, a pesar de contar con matrícula y capacidad suficiente.
Piña Acosta señaló que situaciones similares se repiten en los CDI Salvador Alvarado Sur y Vergel, bajo el argumento de falta de presupuesto, por lo que cuestionó cuánto representa realmente el gasto para mantenerlos en operación y si se pretende sacrificar los pocos espacios comunitarios disponibles bajo una lógica meramente de ahorro.
En el mismo sentido, el regidor Adrián Gorocica Rojas respaldó el señalamiento y precisó que, a la fecha, ya son cuatro los CDI cerrados por supuesta baja asistencia o falta de recursos. Afirmó que en cualquiera de los casos existe responsabilidad municipal para reorientar presupuesto, realizar diagnósticos comunitarios o mejorar la operación de los centros, en lugar de cerrarlos.
Asimismo, cuestionó que se tomen decisiones de clausura mientras se otorgan comodatos y recursos a servicios externos, y advirtió que no se debe permitir el desmantelamiento de lo público para cederlo a intereses particulares.
Las y los regidores de Morena insistieron en que tanto el caso del SIRJUM como el cierre de los CDI deben aclararse con total transparencia, al tratarse de recursos públicos y espacios destinados al bienestar de las y los meridanos, y aseguraron que darán seguimiento a ambos temas hasta que se rindan cuentas claras a la ciudadanía. (Noticaribe)
