Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Mientras el gobierno federal anunció una expansión histórica del sector avícola en el sureste del país, con Yucatán como uno de los estados clave, comunidades del poniente yucateco mantienen denuncias y litigios por la operación y crecimiento de granjas avícolas que, aseguran, incumplen la ley y afectan el territorio y el patrimonio cultural.
La empresa Pilgrim’s Pride informó que invertirá 1,300 millones de dólares entre 2026 y 2030, de los cuales alrededor de 950 millones se destinarán al sur de México, con proyectos en Veracruz, Campeche y Yucatán. El anuncio fue realizado por Fabio Sandri, presidente global de la compañía, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el directivo, en Yucatán la meta es duplicar la capacidad de producción, mediante la ampliación de infraestructura, plantas procesadoras, centros productivos, plantas de alimento balanceado e incubadoras, como parte del llamado Plan México, enfocado en la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Pilgrim’s aseguró que los nuevos desarrollos incorporarán tecnologías para una operación ambientalmente responsable y que buscan detonar empleo y desarrollo regional.
Conflictos y denuncias por otras granjas
El anuncio ocurre en paralelo a conflictos socioambientales vinculados al crecimiento avícola en el estado. En Kinchil, integrantes del Consejo Comunitario de Kinchil lograron la clausura, en dos ocasiones en menos de 72 horas, de la maquinaria utilizada para expandir una granja de CRIO sobre vestigios de la antigua ciudad maya de Tzemé.
Las obras, ejecutadas por la empresa constructora CAVICO, fueron suspendidas por el INAH en octubre y clausuradas por Profepa en noviembre, además de estar sujetas a un amparo (2352/2025) con suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito. Pese a ello, la comunidad denunció que los trabajos se reanudaron al iniciar 2026 y que incluso se violaron sellos de clausura, lo que derivó en nuevas intervenciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Exigen responsabilidades y vigilancia
Habitantes de Kinchil sostienen que el caso evidencia omisiones institucionales y exigen que se deslinden responsabilidades tanto a las empresas como a las autoridades. Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario, afirmó que continuarán las acciones legales y reiteró la exigencia de destituir al director del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, por tolerar la devastación del patrimonio arqueológico.
Por su parte, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, advirtió que sin vigilancia comunitaria, los proyectos suelen regularizarse vía multas y continuar operando. “El objetivo es evitar la regularización de proyectos destructivos y lograr su cancelación definitiva”, sostuvo.
Organizaciones y comunidades señalan que, frente a la nueva ola de inversiones, es indispensable garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental, cultural y judicial, así como consultas y transparencia, para evitar que el crecimiento del sector avícola profundice conflictos territoriales ya existentes en Yucatán. (Noticaribe)
