Un convenio firmado en 2022 entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina para adquirir equipos de revisión no intrusiva por más de 8 mil millones de pesos permanece bajo cuestionamientos, luego de que no exista claridad sobre el destino final de los equipos que debían instalarse en diversas aduanas del país.
De acuerdo con una investigación publicada por la periodista Nadia Sanders en Latinus, el acuerdo fue suscrito en diciembre de 2022 durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo al frente de Aduanas y del almirante Rafael Ojeda Durán como titular de Marina.
El convenio establecía que la Marina sería responsable de adquirir e instalar 173 equipos de revisión no intrusiva destinados a reforzar la vigilancia contra el contrabando en 16 aduanas marítimas y dos aduanas interiores del país. Sin embargo, los equipos debían estar operando a más tardar al cierre de 2023, y para enero de 2025 no existía rastro de su instalación, según documentos oficiales citados en la investigación.
El acuerdo implicó la transferencia de más de 8 mil millones de pesos provenientes de recursos aduaneros, que fueron canalizados mediante esquemas fiduciarios. El dinero salió del FACLA —un fondo alimentado por ingresos de las aduanas— y fue transferido al Fideicomiso de Administración y Pago de la Marina (FAPA SEMAR).
El diseño del convenio permitió que los recursos fueran manejados por la Marina bajo esquemas de confidencialidad, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de transparencia y de mecanismos claros de rendición de cuentas respecto a la adquisición de los equipos.
Dos años después de firmado el acuerdo, el entonces titular de Aduanas, André Georges Foullon, solicitó información formal al almirante Ojeda sobre el avance del proyecto. La respuesta llegó posteriormente, ya con la nueva administración federal, cuando el secretario de Marina del gobierno de Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció que la dependencia no había cumplido con la entrega de los equipos comprometidos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de la ANAM durante el periodo de Marín Mollinedo, particularmente por el papel que desempeñó en la firma del convenio que permitió transferir miles de millones de pesos a la Marina para un proyecto cuyo cumplimiento, hasta ahora, permanece sin explicación pública clara. (Con información de Latinus)
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