Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El Congreso del Estado designó al abogado Carlos Eduardo González Flota como el primer titular de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana, tras obtener 33 votos durante una sesión extraordinaria.
La designación se realizó a partir de una terna enviada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, integrada también por la ingeniera agrónoma Elsi María Sáenz Pérez, quien no recibió votos, y la maestra en Derecho Alejandra Medina Bolio, quien obtuvo un sufragio.
González Flota es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y cuenta con estudios de posgrado en Criminalística y Finanzas, así como un doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Además, tiene formación en arbitraje internacional y derecho ambiental, y se ha desempeñado como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El nuevo funcionario ocupará el cargo por un periodo de siete años, que iniciará una vez que rinda protesta ante el Congreso, conforme al proceso establecido.
La creación de esta procuraduría representa el establecimiento de la primera instancia estatal enfocada exclusivamente en la justicia ambiental y urbana en Yucatán, con el objetivo de atender conflictos relacionados con el uso del suelo, la protección de los recursos naturales y el ordenamiento territorial.
Antecedente legislativo:
La Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana fue aprobada en 2023 por el Congreso local, en medio de un debate entre legisladores. Las reformas, impulsadas con el argumento de regular el crecimiento inmobiliario en la entidad, incluyeron modificaciones a diversas leyes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y propiedad en condominio.
Durante la discusión, la exdiputada panista Carmen Guadalupe González Martín señaló que los cambios permitirían optimizar el aprovechamiento de los asentamientos humanos y reducir los efectos negativos de los desarrollos inmobiliarios.
Por su parte, el coordinador del PRI, Gaspar Quintal Parra, destacó que la legislación incorporó el concepto de gentrificación, al referirse a los cambios en comunidades derivados del aumento en el costo de vida.
En contraste, Rafael Echazarreta advirtió que las reformas podrían afectar el desarrollo urbano en el largo plazo y cuestionó la creación de la procuraduría, al considerar que implicaría una mayor regulación sobre la propiedad privada.
Pese a las observaciones de la oposición, las reformas fueron aprobadas por mayoría, lo que dio paso a la creación de esta nueva instancia que ahora inicia funciones con el nombramiento de su primer titular. (Noticaribe)
