Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— El Congreso de Yucatán aprobó este lunes por unanimidad la reforma al artículo primero de la Constitución estatal, con lo que concluyó el proceso legislativo derivado de resoluciones judiciales que ordenaban eliminar disposiciones consideradas inconstitucionales en materia de aborto.
La modificación fue respaldada por las y los 35 legisladores de todas las bancadas, incluidos diputados del PAN y del Partido Verde, quienes un año atrás habían votado en contra del mismo dictamen.
Con esta decisión, el Poder Legislativo dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó modificar la redacción constitucional que protegía la vida “desde la fecundación”, criterio que el máximo tribunal consideró contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en tratados internacionales.
La aprobación se realizó sin debate ni posicionamientos en tribuna y ocurrió después de que el Juzgado Tercero de Distrito impusiera multas por 26 mil 981 pesos a cada uno de los 35 diputados por incumplir la sentencia judicial. Además, los legisladores enfrentaban el riesgo de una nueva sanción que podía ascender a 269 mil pesos por persona en caso de persistir el desacato.
El nuevo texto constitucional establece que:
“El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Asimismo, promoverá las condiciones necesarias para su desarrollo integral en todas sus etapas, en observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
La reforma deriva del amparo 274/2024 promovido por la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, mediante el cual la Primera Sala de la SCJN ordenó al Congreso local adecuar la Constitución estatal a los criterios nacionales en materia de derechos reproductivos.
La jueza encargada del caso había advertido en diversas ocasiones que el cumplimiento de la sentencia no dependía de la voluntad política de los legisladores, sino que constituía una obligación legal derivada de una resolución judicial firme.
Con esta resolución, el Congreso de Yucatán se convirtió en el primer Poder Legislativo del país en ser sancionado económicamente por un juzgado federal debido al incumplimiento de una sentencia relacionada con la despenalización del aborto. (Noticaribe)
