CANCÚN, MX.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Elvira, abrió la posibilidad de negar la autorización de impacto ambiental al proyecto para construir el nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario en el “Ombligo Verde”, que se disfrazó con el nombre de “Quinta La Costa”, debido a que el ayuntamiento de Benito Juárez inició las obras sin contar con dicha autorización.
CANCÚN, MX.- El presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, aseguró ayer que respetará si la Federación rechaza el proyecto del parque bicentenario, pero de acuerdo con el Artículo 115 Constitucional los ayuntamientos tienen la responsabilidad de guiar el desarrollo de los municipios.
En el marco de la visita del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a Quintana Roo, el alcalde comentó que en ningún momento se ignoró a la autoridad federal, pese a que la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Gabriela Lima Laurents, apuntó la posibilidad de interponer una controversia en contra del proyecto por no estar dentro de los lineamientos del Programa de Ordenamiento Local de Benito Juárez.
Sánchez Martínez precisó que no entrará en discusión sobre el tema porque “ahora cualquier asunto se politiza”.
El primer edil habló de seguridad y destacó que en Benito Juárez hay un déficit de tres mil policías y apenas el lunes pasado aumentaron 300 plazas para la Policía de Barrio y se bajó a personal administrativo para que sea operativo.
De tal forma que para el 15 de marzo se duplicará la presencia policíaca en las calles, pero pidió la cooperación de la ciudadanía para que vigile a sus hijos.
Sobre el próximo período electoral en el que se espera la candidatura del presidente municipal para competir por el gobierno del estado, Sánchez Martínez aseveró que su forma de hacer política es a través de la obra pública, pero no en negociaciones con los gobernantes.
Al ser cuestionado sobre si tocó el tema de las alianzas políticas con el presidente Calderón Hinojosa, afirmó que las alianzas son de los partidos políticos, y condenó que los gobernantes se metan en los partidos políticos porque así se convierten en discriminatorios.
“Detesto a los gobernantes que meten sus manos en los institutos políticos porque la ciudadanía quiere gobernantes que lo hagan con todos”.
Aseveró que hay una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno para dar solución a los problemas que tiene Benito Juárez, y celebró que el presidente de México tenga tanto interés en Quintana Roo.
Cancún crece al 10% al año, mientras que en infraestructura lo hacía al uno por ciento, pero ahora en dos años el destino ha crecido en más del 40% en infraestructura.
Dijo que habló con Calderón Hinojosa sobre la falta de 40 millones de pesos para sanear el sistema lagunar de la laguna Nichupté, y confió que se puedan conseguir dicho recurso a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
A propósito de violaciones al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), Elvira Quesada reveló ayer que existen 30 proyectos detenidos en Quintana Roo, debido a que iniciaron su construcción sin contar con la autorización de impacto ambiental a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico (Legeepa).
Uno de esos proyectos es el de la construcción del nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, que busca, ya iniciado el desmonte, la autorización que debió solicitar a la Secretaría, desde un principio.
“Tenemos en Quintana Roo alrededor de 30 proyectos que fueron detenidos en su momento por falta de manifestación de impacto ambiental, por falta de cambio de uso de suelo y algunos otros incluso por falta de concesión de zona federal, y los proyectos están detenidos. Seguiremos manteniendo esa presión”, dijo, para luego informar que sostendría una reunión con empresarios locales, sin dar mayores detalles sobre el tema.
Entrevistado por separado, el subsecretario de esa misma Secretaría, Mauricio Limón, aclaró que desde un principio el ayuntamiento de Benito Juárez debió presentar el proyecto a evaluación de la dependencia federal, como lo establece el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), independientemente de haber obtenido el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, como resultado de la aprobación del Informe Técnico Justificativo (ETJ).
“El artículo 28 de la Legeepa es muy claro al señalar que las obras o actividades que se pretenda desarrollar en zonas en donde exista vegetación forestal, como es el caso, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado por el gobierno federal, a través de la Semarnat”, expresó.
Al señalarle que el alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, se ha escudado en que cuenta con un Informe Preventivo que emitió el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del gobierno del estado, Limón Aguirre dijo desconocer por qué razón la autoridad estatal aceptó resolver un trámite para el cual no es competente.
El funcionario federal informó que al momento, la comuna sólo cuenta con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, expedido el 15 de diciembre pasado para el proyecto denominado “Gran Parque Bicentenario”.
Sin embargo, dio un dato inquietante, al manifestar que el gobierno municipal solicitó ese cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desmonte del predio conocido como “ombligo verde”, por una extensión de 20 hectáreas.
El punto es que dicho predio no alcanza ni las 10 hectáreas de terreno, porque mide máximo 8.7 hectáreas.
En cuanto a la carencia de la autorización de impacto ambiental, el también abogado reiteró:
“El hecho de que cuenten con la autorización para el cambio de uso de suelo, no les da la autorización para construir en ese terreno en virtud que se requiere la Manifestación de Impacto Ambiental por tratarse de un terreno forestal”.
En tanto, Elvira Quesada aseguró que “personalmente” dará seguimiento al caso y garantizó que, ante el asomo de violaciones al marco legal -como el hecho de haber iniciado obras y desmontes de selva baja y media, lo que incluye la afectación de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 050- “es factible” que la autorización de impacto ambiental al gobierno municipal les sea negada.
“Nosotros no tenemos contemplado en privilegiar absolutamente a nadie; no hemos recibido, ni permitido presiones absolutamente de nadie”, dijo.
En ese tenor, rechazó que por ser promovida por una autoridad, se le dé algún tipo de preferencia. “No seremos objeto de ninguna presión, ni la vamos a recibir”, aseguró.
Limón Aguirre, aparte, indicó que, en caso de negarse la autorización, se obligaría a la comuna a restaurar toda la cobertura vegetal que destruyó. (Fuente: El Periódico)
