No alcanza el dinero para sanear de malos elementos a la policía

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CANCÚN, MX.- La falta de liquidez financiera que vive actualmente el gobierno municipal, es la razón principal por la cual más de 220 policías no han sido dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Benito Juárez.


Bajo el argumento de que “no hay dinero para liquidar a tanta gente”, la actual administración gubernamental de Cancún ha permitido que la confrontación de núcleos delictivos se apoderara del cuerpo policíaco.
Lo anterior se debe a que desde el inicio del nuevo gobierno, en Oficialía Mayor, Secretaría General y la oficina de la presidencia municipal, se tenía una relación de elementos que eran relacionados directa e indirectamente con el crimen organizado.
La lista se originó mediante el levantamiento de datos sobre la tan “sonada” reestructuración de la Policía Municipal, donde se desglosaba, a detalle, como la delincuencia organizada se había incrustado por completo dentro del aparato de prevención y seguridad.
Sin embargo, aún con la información y la confirmación de autoridades federales y militares no se procedió, debido a que el hecho de despedir a policías significaba un gasto grueso para el erario público, aún si era en grupos de 10 en 10.
Con esta acción y el crecimiento del conflicto por la disputa de la plaza, la presión se ha acrecentado de manera considerable al interior de la Secretaría de Seguridad Pública con amenazas hacia los policías por pertenecer a uno de los bandos delictivos.
La lista de policías municipales al servicio del crimen organizado

No es un secreto que policías municipales también funjan como criminales para las células delictivas que operan directamente en el principal destino turístico de México bajo los esquemas de violencia y narcotráfico.
El problema, según establece el análisis de reestructuración elaborado por el propio gobierno municipal, data desde el último año de la administración del trienio de Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como “Chacho”.
Desde el 2005 se tiene un registro de forma oficial sobre la entrada de “Los Zetas” a la Secretaría de Seguridad Pública, antes conocida como la Dirección de la Policía Municipal de Cancún.
Posteriormente, en el gobierno de Francisco Alor se sentaron las bases para que la red criminal se expandiera considerablemente. Ya en la administración de Gregorio Sánchez Martínez, se completó el proceso y se entregó la corporación policíaca al crimen organizado.
De forma oficial, se ha establecido que son alrededor de 220 policías que directamente han sido identificados como trabajadores de la delincuencia; además existen otros 400 que, de acuerdo a la referencia de las propias autoridades municipales, estarían “relacionados o involucrados con grupos delictivos”.
Las listas son conocidas dentro de la administración gubernamental. Sin embargo no se ha podido proceder ante la suma de factores y todo empieza por la falta de liquidez financiera dentro de la Comuna benitojuarense.
Aun con los elementos – la información sobre la relación del crimen organizado y policías es convincente – , la reestructuración de la Policía Municipal ha quedado varada y sin posibilidades que se lleve a cabo en la actual administración.
Para el gobierno municipal existen dos factores por los cuales “prefieren” no remover a la estructura criminal oficial, establecida dentro del aparato de seguridad de la corporación policíaca.
El primero de ellos y el principal, es la liquidez. Según las cuentas del Ayuntamiento Benito Juárez, el costo financiero de dar de baja a los 220 elementos significaría, en promedio, “ahorcar” durante al menos un año a la actual administración.
Esta situación significaría erogar recursos en liquidaciones para los policías que, en determinado momento, tendrían que ser dados de baja y separados de sus funciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.
A pesar de que existe el camino jurídico, el cual consiste en despedir y argumentar la separación de cargo ante la autoridad laboral, el gobierno municipal no quiere introducirse a esa vía.
Lo anterior se debe a que, aún con los elementos, no existe la certidumbre de poder ganar todos los despidos y eso ha generado “temor generalizado” a la hora de tomar una decisión de ese calibre.
Esta situación lleva al segundo factor. Ante el clima de violencia a nivel nacional, la presidencia municipal no quiere arriesgarse a una represalia, la cual se desprendería de una decisión de despedir a policías enrolados con el crimen organizado.
“El propio alcalde tiene mucho miedo. Por eso reforzó su seguridad. Desde que entró a la presidencia habló de cómo han atentado (los miembros del crimen organizado) contra presidentes municipales, por eso ha preferido no hablar del despido masivo de policías”, reveló una fuente directa de la presidencia municipal del Ayuntamiento Benito Juárez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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