“En el espíritu unánime de los pueblos, una Constitución debe ser algo más sagrado todavía, más firme y más inconmovible que una ley ordinaria”. Ferdinand Lasalle.
El pasado 12 de enero conmemoramos, en evento solemne realizado en el H. Congreso del Estado, el 38 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, norma fundamental que ha permitido el desarrollo de la Entidad sin mayores sobresaltos, a pesar del vertiginoso crecimiento demográfico y económico que es posible observar en todos estos años. Con antelación al 12 de enero de 1975, los quintanarroenses nos regíamos por la Ley del Distrito y los Territorios Federales que era en gran medida una extensión de las facultades omnímodas del Presidente de la República, quien tenía la potestad de designar libremente al Gobernador de los Territorios Federales, por lo que teníamos la obligación de aceptar a quien llegara investido con dicho poder.
Desde el 24 de noviembre de 1902 cuando fue creado el Territorio Federal de Quintana Roo, hasta marzo de 1975 que pudimos elegir al primer Gobernador Constitucional, recibimos aquí autoridades designadas por el Presidente de la República quienes –en su mayoría- llegaban con ninguna obligación de congraciarse con los habitantes locales, sino más bien sus simpatías y lealtades estaban con sus padrinos políticos y con el mismo titular del Ejecutivo Federal, que era de donde emanaba su fuente de poder. Todo ello era además constitucional, pues así lo establecía la legislación correspondiente. Sin embargo, la lejanía y aislamiento que caracterizaron al Territorio Federal durante casi setenta años, produjeron el ambiente propicio para que el ejercicio del poder fuera discrecional y las más de las veces arbitrario y ajeno a todo control. Pocos Gobernadores de la época anterior a 1975 se salvan si realizamos un balance de la importancia de sus obras aunque también, en honor a la verdad, fue hasta la llegada a Quintana Roo del Lic. Javier Rojo Gómez hacia 1967, que el Gobierno Federal inició un apoyo sistemático en la inversión y el desarrollo de esta región, que culminó con el decreto del 8 de octubre de 1974 que nos elevó a categoría de Estado Libre y Soberano, integrante del Pacto Federal.
México cambió de Presidente de la República el primero de diciembre de 1970, cuando inició el mandato de Luis Echeverría Álvarez. En ese momento, el Gobernador de Quintana Roo era el Lic. Javier Rojo Gómez quien seguramente le expuso al Presidente su visión de lo que debía ser esta región, siendo ratificado en ese cargo pero que desafortunadamente no pudo reiniciar otro período al frente del Territorio Federal, pues falleció en la madrugada del 31 de diciembre. El Lic. Echeverría, que tenía programada una gira ese último día de 1970 por el Estado de Tabasco, retrasó su salida para realizar una guardia de honor ante el cuerpo de quien fue un gran dirigente agrario, regente del Distrito Federal, Gobernador de su estado natal (Hidalgo) y fuerte aspirante a la Presidencia de la República en algún momento de su prolífica vida. En la noche de ese 31 de diciembre, estando ya en Tabasco, frente a varios políticos incluído el Gobernador Mario Trujillo, el Presidente se dirigió a uno de los tabasqueños ahí presentes, el Lic. David Gustavo Gutiérrez Ruíz, a quien citó para el lunes 4 de enero en Palacio Nacional, fecha en la que habría de comunicarle que había decidido designarlo Gobernador del Territorio Federal de Quintana Roo en sustitución del fallecido Javier Rojo Gómez. El Lic. Gutiérrez Ruíz inició formalmente su mandato como Gobernador el 7 de enero de 1971, y concluyó su encargo de Gobernador Provisional que le fue conferido por el Senado de la República el 4 de abril de 1975. Después de un intenso y fructífero período de gobierno de poco más de cuatro años, a David Gustavo correspondió, cuando estaba ya instalado el Congreso Constituyente, enviar el proyecto de Constitución elaborado por el constitucionalista Lic. Luis de la Hidalga Enríquez, proyecto que fue recibido en Oficialía de Partes el 5 de diciembre de 1974, según ha quedado registrado en el Diario de los Debates.
Para todo aquél que haya seguido con interés el momento fundacional del Estado, la transición de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano, seguramente la fecha del 12 de enero de 1975 le será altamente significativa, pues corresponde al momento que adoptamos un conjunto de reglas y normas cuyo objetivo fundamental es el de limitar tanto el comportamiento arbitrario de las autoridades como evitar la prevalencia de la ley de la selva en una sociedad que pretende ser civilizada. Ese conjunto de reglas es la Constitución aprobada por el Congreso Constituyente de 1975, cuerpo colegiado que estuvo integrado por un grupo de siete distinguidos quintanarroenses quienes tuvieron la honrosa e histórica oportunidad de debatir, discutir, corregir y finalmente aprobar la norma básica que ha regido los destinos de Quintana Roo en los últimos 38 años.
A pesar de su juventud, nuestra Constitución ha sido ya reformada en 65 ocasiones y ha estado también sujeta a controversias y acciones de inconstitucionalidad que, al menos en seis ocasiones, han ameritado la intervención del más alto tribunal constitucional de la nación, la Suprema Corte de Justicia, para validar o invalidar alguna reforma. De este modo, la Constitución del Estado se ha venido adaptando y ajustando a las necesidades de la Entidad, pero también a los tiempos políticos y los cambios operados desde el Congreso de la Unión, centro del poder nacional. Así, hemos visto que a nuestra Constitución se han incorporado derechos humanos que no fueron contemplados originalmente (el derecho a tener un medio ambiente saludable y los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo), así como nuevas instituciones que surgieron por mandato de las reformas a la Constitución federal (los organismos autónomos como el Instituto Electoral o el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información).
Con el paso del tiempo, ha quedado probada la solidez de la norma fundamental vigente desde 1975, que ha mantenido su “corpus” jurídico principal y ha permitido resolver, en un ámbito civilizado y pacífico, las diferencias entre los grupos sociales entre sí y con las autoridades mismas. Momento solemne y de enorme trascendencia política fue pues el que se vivió en el Congreso del Estado al celebrar los 38 años de la Constitución, donde se
deseó larga y feliz vida a los Constituyentes, así como respeto y acatamiento insoslayable a nuestra Norma. ¡Que así sea!
