CHETUMAL, MX.- Al menos 60 policías judiciales están siendo investigados por abusos de autoridad y negligencia en sus servicios, además de que a otros 12 ya se le iniciaron los procedimientos administrativos tras reprobar los exámenes de confianza, señalaron autoridades ministeriales.
Mencionaron que en el caso de los 60 elementos judiciales que se investiga por diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones, se le está dando puntual seguimiento al procedimiento que enfrenta el agente José Alberto Cámara Briseño, quien es señalado directamente por un menor de edad como uno de los que lo torturó para sacarle información, además de que el feminicida Jorge Rosales Piña, lo señaló como quien le “tapaba” los expedientes que en su contra surgían.
Reconocieron que efectivamente existe en elementos que se “resisten” a dejar la vieja manía de la tortura para esclarecer delitos, por lo que se procederá en contra de quien resulte responsables lo que conforme a la Ley corresponda.
“La visitaduría debe tener en promedio, obviamente hablo de diversos temas, hay por abusos y porque de repente no cumplen adecuadamente su función, etcétera; te puedo hablar de que la visitaduría debe llevar en promedio unos 60 expedientes, estos son distintos de los que se pudieran estarse llevando por el tema de los exámenes de control de los que ya iniciaron los primeros 12”, afirmaron.
Dijeron que recientemente se inició una investigación en contra de dos agentes judiciales de nombre Luis Alberto Cámara Briseño y Samuel Caamal Dzib, quienes presuntamente golpearon salvajemente al jugador de fútbol de tercera división C.A.C.M., de 16 años de edad.
Las autoridades ministeriales señalaron que a raíz de esto se ha intensificado la revisión de los expedientes y en caso de resultar responsables, estos dos agentes serán sancionados internamente y de ser necesario se les iniciará una investigación penal, pues dijeron que los judiciales tienen que entender que ahora se debe trabajar en total apego a los derechos humanos.
Con relación a los expedientes iniciados a los oficiales que reprobaron los exámenes de confianza, no son más que el proceso de baja, empero que se les tiene que proporcionar su derecho de audiencia, la cual aunque no es impedimento del despido, es algo que por Ley se les tiene que otorgar. (Fuente: Diario de Quintana Roo)
