CHETUMAL.- La concesión en favor de Aguakán del sistema de Solidaridad (Playa del Carmen) significó un importante daño financiero a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) no sólo porque era superavitario, sino que esta gerencia daba para subsidiar a otros municipios del centro y norte de la entidad, incluido José María Morelos y, por si fuera poco, el anterior gobierno estatal ya había perfilado la privatización de las redes de Cozumel y Chetumal, las últimas que son autosuficientes de la paraestatal.
Lo anterior es parte del balance preliminar que el cancunense Gerardo Mora Vallejo, nuevo director de CAPA, tiene sobre la paraestatal, la cual está en el ojo del huracán, pues se han detectado desvíos y mala administración y, sobre todo, por la privatización del sistema de Solidaridad.
De entrada, Mora Vallejo, sostiene que, de acuerdo al propio personal de la CAPA, no debió de concesionarse el sistema de Solidaridad a la empresa Aguakán.
“No había motivo para concesionar el sistema. No lo digo yo. He platicado con personal experimentado de CAPA, y coinciden: no se debió de privatizar”, subraya.
El sistema de Solidaridad no solo era autosuficiente, agrega, sino que sus ingresos permitían atender la operación de otros municipios, del centro y norte de estado, incluido José María Morelos.
“Pero ante todo, el agua no es negocio, es un derecho”, acota el perredista.
CONTEXTO
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LA OSCURA CONCESIÓN
En el cenit del ‘borgismo’, en los primeros días de diciembre de 2014, las autoridades municipales de Benito Juarez (Cancún), Isla Mujeres y Solidaridad –todos gobernados en ese entonces por el PRI-PVEM– y con el refrendo del Congreso del estado –también dominado por esta mancuerna partidaria- acordaron concesionar el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), Aguakán, hasta el año 2053.
En el caso de Solidaridad, le fue ampliada, sin mediar licitación pública, la concesión a Aguakán, y en Benito Juarez e Isla Mujeres, se prorrogó, pues le fue entregada en 1993.
La empresa Aguakán pagó mil 055 millones de pesos por obtener la ampliación y prórroga de la concesión en Solidaridad.
Gerardo Mora señaló que, por lo pronto, está en estudio, revertir la privatización del sistema de Solidaridad, en donde hay un reclamo de la ciudadanía.
“Vamos a entrar a fondo”, subraya.
Como parte de este proceso, apunta, se investigará si hubo alguna irregularidad en el desarrollo de la privatización.
Aunque señala que en este proceso de revertir la concesión, son concurrentes el ayuntamiento de Solidaridad y CAPA.
Pero advierte que CAPA no está en condiciones de pagar los mil millones de pesos, que sería la aparente indemización que se le debería de entregar a Aguakán, en caso de suprimir la concesión.
“Si me piden mil millones, no los tengo”, reconoce.
Y apunta que la reversión de la concesión de Benito Juárez e Isla Mujeres, “está en segundo plano”.
PRIVILEGIOS DE AGUAKAN
Aunque señala que históricamente Aguakán ha gozado de privilegios de CAPA, pues la paraestatal siguió haciendo obra en Cancún, los servicios, desde la dotación del agua potable, el alcantarillado y el ‘saneamiento’, los seguía facturando la concesionaria.
Y la contraprestación, agrega, de Aguakán a CAPA, es de 200 millones de pesos al año.
CASO PUERTO MORELOS
Cuando se prorrogó la concesión del sistema de Benito Juárez, Puerto Morelos aún pertenecía al municipio cancunense, por lo que se abre la posibilidad de revertir esta medida en la nueva demarcación, consideró Mora Vallejo.
“En una primera opinión, podría desincorporarse. Diría que es inminente”, dijo.
Aunque apuntó que hay ‘detalles’ técnicos que deben de resolverse, pues los pozos de captación que surten a Cancún, están ubicados en Leona Vicario, ahora municipio de Puerto Morelos.
DAÑO PATRIMONIAL POR TRES MIL MILLONES
El perredista encontró en situación comprometida a CAPA, cuyos equipos están en ‘malas condiciones’ y su situación económica es complicada, con una deuda con proveedores por 200 millones de pesos.
Pero el mayor daño, refiere, se ubica en los mil 055 millones de pesos por la entrega de la concesión del sistema de Playa del Carmen y por un crédito bancario de 500 millones de pesos, que no entraron a las arcas de CAPA sino que se ‘redireccionaron’ a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de Juan Pablo Guillermo Molina.
“El mismo día que ese dinero entró a CAPA, ese día se fue a Sefiplan”, sostiene.
Esta maniobra financiera, indica, también será investigada, pues CAPA es un organismo descentralizado con recursos y patrimonio propio y capacidad de autogestión.
“Lo del agua al agua, pero no se fue a CAPA si no a Sefiplan”.
Pero advierte que el daño es aún mayor, pues bajo el sistema de ‘Pari Passu’, en donde por cada peso que ponga el estado, la Federación pone otro:
“Si son mil 500 millones de pesos que debieron de llegar a CAPA y que ya nos los tiene, el daño patrimonial es en realidad de tres mil millones de pesos, pues dejamos de obtener otro tanto igual que pondría la Federación”, explica.
Y por esta ‘pérdida’ de mil 500 millones de pesos, considera que se debe de fincar responsabilidad ‘por omisión’ a su antecesor, Gustavo Jesús Guerrero Ortiz y al ex coordinador administrativo y financiero de la CAPA, Manuel Jesús Marrufo Lara, sin olvidar que quien estaba al frente de la dependencia cuando se realizó la irregular concesión era Paula González Cetina.
La pérdida de estos recursos se traduce, señala, en que no pueda renovarse el equipo y se mantenga el rezago en la dotación de los servicios, como el drenaje.
Mora Vallejo considera que habría una estrategia deliberada de terminar de quebrar a la paraestatal y concesionar los dos últimos sistemas rentables.
Y subraya:
“Estamos ante un sistema deficitario. Vemos una estrategia para quebrar y terminar de concesionar los sistemas de Cozumel y Chetumal”. (Noticaribe)
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Puro ratero ….mauricio el ladrón mayor volverá a pisar la carcel pero ya tendrá a borge de compañero.. apurate Carlos Joaquín,no se vayan a ir al extranjero
Inicien investigaciones penales, o el cambio se volvera patrimonalizmo.
Claro que se robaron el dinero de la concesión, pero peor sería seguir con la misma.
FUERA AGUAKAN DE PLAYA, si hay que pagar pagamos y después de un buen juicio de diez años mínimo y si se pierde el juicio como lo cobrarian ? a quién meterian a la cárcel ?
Hagamos un plan de pagos o convenio como ellos lo hacen.
Hagamos pozos por cada casa y no paguemos, que nos metan a todos a la cárcel, así de simple.
SI UNA LEY NO ES JUSTA, LO JUSTO ES NO CUMPLIRLA Y DESOBEDECERLA.
ES CUANTO :.
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