El gobernador Carlos Joaquin Gonzalez y el PRI comparten un mismo problema: los debilita la impunidad del ex mandatario Roberto Borge. De un modo u otro, esa situación afecta la credibilidad de la política toda. No es gratuito, entonces, que las causas contra el ex gobernador comiencen a acelerarse, y que a su vez el tricolor decida tomar distancia definitiva de su última creación.
Desde el lado del oficialismo la palabra la tuvo el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila. En el programa de análisis político Punto x Punto lo dijo sin ambages: el gobierno debe mejorar las condiciones económicas de la sociedad, pero también castigar a los culpables de la crisis actual. De otra manera, agregó, la alternancia y el cambio no tendrán fundamento. Esas palabras tienen relación con los hechos: el Congreso es el poder que más ha realizado en contra de la impunidad.
En el gobierno comienzan a tomar nota de ese sentir político y de esa exigencia ciudadana, y han decidido que el tema del castigo al ex gobernador debe volver a los primeros planos. La primera denuncia sobre la venta vil de tierras del patrimonio estatal a amigos y parientes de Borge es apenas la punta de un iceberg descomunal.
Ya se ha dicho en este espacio. El sexenio del ex mandatario es, por la magnitud de su daño, solo comparable al paso de un huracán. No hay otro camino que la reconstrucción. Los nuevos funcionarios aún se sorprenden del grado de descontrol de todas las áreas de gobierno. Hasta el funcionamiento más básico de todas la dependencias está en crisis. Nóminas secretas, cargos irrelevantes con sueldos descomunales, una enorme desidia en el quehacer diario; frivolidad, desinterés, corrupción: eso y más fue el sexenio pasado. Apenas la inercia natural de esas añejas estructuras evitó que el colapso fuera mayor.
Pero todo eso ya se sabe, de una u otra manera. Un recorrido por las redes sociales, a esas que es tan afecto el nuevo gobierno, da cuenta de que la sociedad pide más. Si el borgismo fue, como se dice, una asociación ilícita que se complotó para saquear el estado, sus integrantes deben pagar, es el pedido ciudadano.
Paradójicamente, en el PRI tienen más o menos la misma idea. No son inocentes las palabras del ex gobernador Joaquín Hendricks cuando dijo que ve a Borge sujeto a proceso. Hendricks ha sido uno de los primeros críticos de la desmesura borgista. ¿Tienen autoridad moral para esas acusaciones? Se preguntan algunos. Al interior del PRI, la respuesta es irrelevante. En ese mundo de relaciones y poderes variados, donde la forma es fondo, valen las palabras y los gestos por lo que son y lo que dicen.
Pero el tema va más allá. Debería sorprender que el PRI no defienda de manera orgánica a su último gobernador en el estado. Nunca ha habido palabras de aliento o de defensa. Los diputados tricolores apenas han esbozado alguna tibia mención a que la deuda del estado no es catastrófica, como se dice, o que van a defender los puestos de trabajo de la burocracia estatal. Pero luego han votado todas las decisiones del Ejecutivo.
En realidad, nunca existió tal cosa como el borgismo, y de ahí la orfandad del ex mandatario. Borge fue un invento y una imposición de Félix González Canto. Como gobernador, Borge tomó todas las decisiones que el PRI le concede a sus mandatarios, sean éstas de la naturaleza que sean. Gozó y abusó de ese poder. Pero no hay un legado de cuadros políticos, de fuerzas territoriales o sociales que lo respalden, de políticas públicas que fundamenten su administración. Su tiempo ha terminado y ha dejado apenas una sombra.
El PRI lo sabe. En ese mundo de acuerdos pragmáticos que es la política, todos estarían dispuestos a sacrificar a alguien para reivindicar la profesión. No es una estrategia nueva. Cada tanto, el sistema descomprime la presión cargando las culpas de todos sobre uno de sus integrantes.
Hasta cuando seguirá también la impunidad de Hedricks y Félix González Canto (asesino). MALDITAS RATAS.
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